Banamex
USA, de Citigroup, se hizo acreedor a múltiples investigaciones y multas por no
supervisar de manera adecuada dinero sucio que llegaba a sus sucursales.
Aquí
el informe completo sobre el lavado de dinero de los cárteles en este banco.
Cuando
Antonio Peña Argüelles en 2005 abrió una cuenta en Banamex USA de Citigroup,
los documentos de identificación del cliente decían que tenía una pequeña
empresa de cría de ganado y ciervos de cola blanca, criados en su rancho por
sus majestuosas cornamentas. Unos 50 dólares mensuales ingresarían a la cuenta,
de acuerdo con los documentos.
Una
semana después, Peña Argüelles transfirió 7.09 millones de dólares desde una
cuenta de México, presuntamente dinero de la droga del cartel de Los Zetas,
dicen documentos de su causa por lavado de dinero en Texas. En total, Peña
Argüelles movió 59.4 millones de dólares a través de la cuenta, según un
informe confidencial de los reguladores bancarios que amonestaron a Banamex USA
en 2013 por no cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero.
Banamex
USA no presentó un informe de actividad sospechosa sobre la cuenta, según los
reguladores, ni siquiera después de que el hermano de Peña Argüelles, Alfonso,
fue asesinado a fines de 2011 y su cuerpo apareció en el monumento a Cristóbal
Colón de Nuevo Laredo, cubierto por una bandera en la que se acusaba a Antonio
de ser lavador de dinero y robar a Los Zetas.
El
banco no generó un informe de actividad luego de que los fiscales
estadounidenses pidieron los documentos de la cuenta a fin de ese año ni
cuando, a comienzos de 2012, Peña Argüelles fue acusado de conspiración por
lavar instrumentos monetarios.
Y no
presentó un reporte hasta mayo de 2013, meses después de que la Corporación
Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y el
Departamento de Supervisión de Empresas de California en agosto de 2012
emitieron una orden escrita en la que pedían al banco que revisara las cuentas
viejas.
Por
eso, en junio de 2013, cuando más de una docena de ejecutivos de Citigroup y
Banamex USA entraron a una reunión para analizar cuánto habían avanzado en el
cumplimiento de esa orden, se encontraron con un grupo de reguladores estatales
y nacionales muy enojados.
“La
supervisión de los negocios del banco por parte de los directivos y el
directorio ha sido gravemente deficiente”, escribieron la FDIC y el organismo
de California sobre Banamex USA en el informe confidencial, revisado por
Bloomberg, que nunca se ha publicado. “La disposición a aceptar y mantener la
relación con un cliente asociado a una importante actividad ilícita revela el
apetito del directorio por el riesgo para su reputación y el lavado de dinero”.
El
informe criticaba duramente a Banamex USA por hacerse de la vista gorda y no
resolver los problemas pese a que ese año había destinado 32 millones de
dólares sólo para corregirlos.
Mark
Costiglio, portavoz de Citigroup en Nueva York, dijo en un correo electrónico
que Banamex USA ha realizado un “amplio esfuerzo a lo largo de una cantidad de
años” para dar respuesta a las preocupaciones de los reguladores, como por ejemplo
reforzar los controles y poner fin a la relación con determinados clientes.
Siete
años después de que la crisis financiera puso al descubierto la incapacidad de
Wall Street para contener el riesgo, los grandes bancos mundiales todavía
tienen dificultades para erradicar la mala conducta y gestionar de manera
rentable sus operaciones internacionales. Han pagado miles de millones de
dólares de multas luego de que se descubriera que sus empleados habían
manipulado las referencias de las tasas de interés y el tipo de cambio, ayudado
a los clientes a evadir impuestos y canalizado dinero a países como Sudán e
Irán.
Los
grandes bancos, incluido Citigroup, continúan teniendo tropiezos para cumplir
con las leyes antilavado de los Estados Unidos. Citigroup fue amonestado
repetidas veces en las últimas dos décadas por no supervisar de manera adecuada
a los grupos que utilizan el sistema financiero para convertir los fondos
sucios en medios legales de pago.
Desde
que en 2012 HSBC Holdings acordó pagar mil 900 millones de dólares por fallas
en materia de lavado de dinero en México y violación de sanciones, ese banco y
otros interrumpieron sus relaciones con algunas entidades de préstamo y casas
de cambio extranjeras.
“Este
es el tipo de situación en la que, si uno es un alto directivo de Citi, tiene
que decir: ‘¿Qué estamos haciendo?’”. dice Jack Blum, ex-investigador de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Lo
que muestran el relato de los reguladores sobre el caso Peña Argüelles y las
entrevistas con más de una docena de exempleados y asesores de Citigroup es que
Banamex USA toleró una cultura de la negligencia durante los años en que se
movió dinero a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Y permiten
echar una mirada poco frecuente a cómo Citigroup no supervisó un negocio
pequeño pero riesgoso en un rincón de sus operaciones mundiales.
Los
reguladores usan las palabras “failed” (no cumplir) y “failure”
(incumplimiento) más de sesenta veces en su informe para describir cómo Banamex
USA no respetó las normas antilavado de dinero antes y después de que se le
ordenara hacerlo. Estas fallas ahora son objeto de una investigación del
gobierno que podría costarle a Citigroup cientos de millones de dólares de
multas, según una persona con conocimiento del tema.
“Uno
sin duda pensaría que, con todas las idas y venidas, el proceso de revisión de
los antecedentes del cliente habría merecido un análisis mucho más agresivo y
minucioso de ese cliente”, dice Alonzo Peña, ex-subdirector del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ahora trabaja como
asesor de seguridad para compañías que hacen negocios en América Latina.
El
máximo responsable ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, se comprometió en
abril a poner a 30 mil personas a trabajar en las funciones de contralor
normativo para fines de 2015, lo que representa un aumento del 15 por ciento
interanual. Desde entonces, Citigroup sigue recibiendo multas.
En
mayo, el banco llegó a un acuerdo por investigaciones sobre manipulación del
tipo de cambio, acordando pagar al gobierno de Estados Unidos 925 millones de
dólares, y su división Citicorp se declaró culpable del delito grave de
conspirar para manipular el precio de los dólares estadounidenses y los euros.
En
julio, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó a Citigroup
pagar 700 millones de dólares a los clientes por prácticas ilegales
relacionadas con la comercialización de productos complementarios de las
tarjetas de crédito.
Citigroup
todavía está bajo las órdenes de sus dos reguladores principales, la Reserva
Federal y la Superintendencia de Entidades Financieras (OCC, por sus siglas en
inglés), de corregir sus prácticas antilavado de dinero y está sometido a una
investigación del Departamento de Justicia que se centra en los controles de
lavado de dinero de Banamex USA.
Costiglio,
el portavoz de Citigroup, no accedió a efectuar declaraciones sobre acusaciones
específicas contenidas en el informe de la FDIC y efectuadas por exempleados.
En términos generales, defendió los esfuerzos del banco. “Citi está
comprometido con implementar el sistema más sólido posible contra el lavado de
dinero y con el cumplimiento de las sanciones”, señaló Costiglio. “Comprendemos
cabalmente nuestra obligación de estar atentos y reaccionar ante los patrones
cambiantes del comportamiento delictivo y terrorista. En los últimos años,
hemos invertido casi mil millones de dólares anuales y ahora tenemos más de 11
mil empleados a tiempo completo para prevenir el lavado de dinero”.
Banamex
USA, que tiene su sede central en Century City, California, era la rama
estadounidense de Banamex, el tercer banco de México, cuando Citigroup compró
la entidad de préstamo en 2001. La división estadounidense operó como
California Commerce Bank durante los siguientes cinco años, ofreciendo tarjetas
de crédito en dólares a los clientes mexicanos que viajaban al norte,
manteniendo cuentas de depósito como la utilizada por Peña Argüelles y
transfiriendo dinero a México y otros lugares como parte de un acuerdo con
Western Union.
Aunque
California Commerce formalmente era parte de la división bancaria
estadounidense, Citigroup empezó a usar el nombre de Banamex en 2006 para
alinearlo más estrechamente con la empresa mexicana. Si bien el grupo de
contralor normativo de la división reportaba a Nueva York, las divisiones
bancarias trabajaban estrechamente con México, aseguran los ex empleados.
En
2010, el máximo responsable ejecutivo de Banamex USA, Salvador Villar, se
embarcó en una estrategia de expansión que finalmente atrajo la atención de los
reguladores. En junio de ese año, la división tenía dos sucursales, en Century
City y Calexico, California. Un año después, la cantidad había llegado a 17,
ubicadas en diferentes puntos de California a Texas, con muchas a lo largo de
la frontera mexicana, según la FDIC.
La
estrategia coincidió con una iniciativa de Manuel Medina-Mora, CEO de Banamex
cuando se vendió a Citigroup, que a esa altura había llegado a ser responsable
de banca minorista de Citigroup en las Américas. Medina-Mora, quien no
respondió los correos electrónicos en los que se le pedían comentarios, envió
un memo al personal en julio de 2010 donde detallaba “inversiones plurianuales
en personal, infraestructura y comercialización” para ampliar el negocio
minorista en América del Norte.
En
2012, el banco abrió una sucursal en Laredo, Texas, en el concurrido Mall del
Norte, a aproximadamente 1.6 kilómetros del Río Grande. En abril de ese año,
Sonia de Pau abrió una cuenta. Dijo ser un ama de casa mexicana que quería
ahorrar dinero en dólares para pagar gastos personales, de acuerdo con el
informe de la FDIC.
La
FDIC no identificó a De Pau o Peña Argüelles por nombre. Los llamaba Cliente A
y Cliente B. Pero el informe daba muchos detalles sobre sus casos, incluida información
sobre el exmarido de de Pau, que había sido acusado de lavado de dinero y
fraude bancario en Estados Unidos, y el momento del procesamiento de Peña
Argüelles, lo que permitió identificarlos.
En
noviembre de 2012, De Pau depositó un cheque por 25 mil dólares. Once días
después, depositó un cheque de caja emitido por el International Bank of
Commerce de Brownsville, Texas, por un total de 1.44 millones de dólares.
“Cuando una persona dice ser ama de casa y maneja esa cantidad de dinero,
alguien debería hacerse preguntas”, señala Peña, el exfuncionario de
inmigración.
Lo
que Banamex USA no advirtió hasta después de que De Pau había vaciado la
cuenta, de acuerdo con el informe de la FDIC, era que ella había sido detenida
en México casi un año antes de presentarse en Banamex USA. Se decía que era
operadora financiera del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, según el
informe de la FDIC. Éste fue acusado en Texas en mayo de 2012 por presuntamente
recibir sobornos de carteles de la droga y lavado de fondos.
Los
sobornos provenían o se le entregaban en nombre de Los Zetas, para los que
había trabajado Peña Argüelles, así como el Cartel del Golfo, según una
declaración jurada de la causa contra el exmarido de de Pau. Ella, en un
programa de testigos protegidos en México, no pudo ser contactada para que
efectuara de declaraciones.
Al
banco se le había avisado que había un problema antes de que De Pau retirara el
dinero de la cuenta. El 3 de diciembre de 2012, Banamex USA se contactó con
Banamex de México y se le dijo que De Pau tenía una cuenta allí y que estaba
bloqueada por orden judicial.
Banamex
USA no hizo nada hasta el 20 de diciembre, cuando presentó un reporte de
actividad sospechosa ante la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de
Estados Unidos, decía el informe de la FDIC. Hasta eso fue insuficiente, porque
no mencionaba que De Pau ya había extraído la mayor parte del dinero.
Después
del primer informe, el banco no llevó a cabo una revisión por actividad
sospechosa continuada, tal como exigen las normas que rigen la presentación de
informes, lo que impidió que los organismos policiales pudieran rastrear dónde
se depositaron más tarde los fondos, según el informe de la FDIC.
Antes
de que la agencia emitiera un acuerdo formal en agosto de 2012, en el que
detallaba lo que el banco tenía que arreglar, lo que se conoce como auto de
avenimiento, los directivos de la entidad mostraron mínimo interés o capacidad
para detectar o informar sobre transferencias sospechosas, señaló el organismo
en el informe. Aun después de emitida la orden, el banco se demoró en resolver
las deficiencias, dijeron los reguladores. Muchos de los esfuerzos que hizo a
partir de mediados de 2013 fueron ineficaces.
Para
cuando la FDIC entregó su informe a los ejecutivos del banco, la Fed había
presentado su propio auto de avenimiento con Citigroup, mencionando las
deficiencias de Banamex USA. El documento, al igual que el de la FDIC,
reclamaba un plan para cerrar las grietas que tenía el proceso de investigación
de antecedentes y para financiar personal, sistemas y otros recursos. La OCC,
el regulador que correspondía al banco nacional de Citigroup en Estados Unidos,
emitió una orden separada en 2012 en la que exigía una mejora en los controles
de lavado de dinero.
En
enero de 2015, el Departamento de Justicia envió una citación a la división
mexicana de Citigroup para continuar con una investigación sobre Banamex USA
que se centra en la transferencia de fondos entre Estados Unidos y México. La
información que pedía esa citación pone de relieve muchas de las cuestiones
planteadas por la FDIC.
Hizo
falta la orden de la Fed de 2013 para que los altos directivos de Citigroup
tomaran medidas respecto a Banamex USA, según dos personas que trabajaban en el
banco en aquel momento, y el personal de contralor normativo de Nueva York
pronto se dirigió a las oficinas de Century City.
No
fueron los únicos. También llegó un equipo de consultores independientes, con
por lo menos seis firmas que trabajaban en diversos proyectos. Cuando el
personal pasó de unas 200 personas a 700 o más, el banco se quedó sin espacio
para albergar a toda esa gente en los pisos que ocupaba en lo alto de una torre
de 44 pisos al oeste del centro de Los Ángeles. Algunos empleados se vieron
obligados a instalarse en los pasillos, según tres personas que trabajaron
allí.
El
avance fue lento. Los consultores trabajaban aislados, y a los altos
funcionarios de contralor normativo no se los alentaba a compartir la
información dentro del departamento, según un ex empleado de Citigroup que
trabajó en el proyecto. El personal de contralor normativo y auditoría interna
de Citigroup no podía revisar con facilidad la correspondencia que circulaba
dentro de la división porque los correos electrónicos de Banamex USA se
guardaban en servidores independientes, dicen dos exempleados.
Menos
de dos semanas después del auto de avenimiento de 2013 de la Fed, Citigroup le
dio licencia a Villar, eligiendo como CEO a Rebecca Macieira-Kaufmann, ahora de
51 años, entonces presidenta de la rama de California de Citigroup. Villar, que
no accedió a efectuar declaraciones, dejó el banco en septiembre de ese año.
Macieira-Kaufmann
contrató a un nuevo funcionario de Secreto Bancario cuya misión era garantizar
que Banamex USA cumpliera con las normas contra el lavado de dinero. También
sumó más empleados a la supervisión del control de transacciones, los
procedimientos de revisión de antecedentes de los clientes y el cumplimiento de
las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que prohíben que
las empresas estadounidenses hagan negocios con determinados individuos y
firmas.
El
nuevo equipo pronto quedó empantanado en las minucias de responder el auto de
avenimiento, según dos exempleados. Los ejecutivos dividieron los documentos
por párrafos y crearon listas de puntos para abordar cada deficiencia. Cuando
se completaba una serie de ellos, los directivos organizaban una fiesta de
helados o llevaban una canasta de fruta a la sala de conferencias para festejar
con el personal, dice una persona que estuvo presente. Para el otoño de 2014,
el banco había completado sólo la mitad de lo que pedían los reguladores y no
lo cumplió en su totalidad hasta junio de 2015, señaló otra persona. Citigroup
no accedió a poner a Macieira-Kaufmann a disposición para que efectuara
declaraciones.
En su
momento de mayor auge, Banamex USA era sólo una pequeña parte de un banco
mundial que abarcaba todo el planeta. La división nunca tuvo más de 3 mil
millones de dólares de activos, frente a los 18 billones de Citigroup. Sin
embargo, sus fallas en el cumplimiento de las normas preanunciaban deficiencias
en el control de riesgos en otros sectores del banco, incluido un fraude
crediticio de 400 millones de dólares y un escándalo de malversación de fondos
en 2014 en Banamex, la subsidiaria internacional más grande de Citigroup.
Los
problemas de lavado de dinero de Citigroup, y la indignación que generan en los
reguladores, existen desde hace décadas. El banco ayudó a Raúl Salinas, hermano
del presidente de México en aquel momento, a transferir 100 millones de dólares
a cuentas de Suiza y el Reino Unido a mediados de los años 90 y ocultó la
fuente de los fondos, según un informe de 1998 de la Oficina de Contabilidad
General de Estados Unidos, al que siguieron audiencias en el Senado al año
siguiente.
En
2001, una comisión de investigaciones del Senado dijo que Citigroup permitió
que cientos de millones de dólares pasaran por la cuenta de un banco
corresponsal de Argentina después de que oficiales de policía de Estados Unidos
ordenaron la confiscación de 7.7 millones de dólares de dinero presuntamente
proveniente de la droga. Los reguladores japoneses cerraron el banco privado de
la firma en 2004 por no efectuar controles de lavado de dinero.
Cinco
años después, a Citigroup se le prohibió durante un mes comercializar servicios
bancarios a particulares de Japón porque no contaban con controles de lavado de
dinero adecuados. El portavoz de Citigroup Costiglio dijo que el banco ha
reforzado su programa de contralor normativo “atravesando límites geográficos y
de negocios” y ha perfeccionado los controles, la tecnología y las operaciones
de auditoría en favor de un “enfoque de tolerancia cero”.
Bancos castigados
Las
más grandes multas por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y normas contra
el lavado de dinero.
1. JPMorgan Chase (2014) con 2.05 mil
millones de dólares (mmdd)
2. HSBC
Holdings (2012) 1.92 mmdd
3.
Commerzbank (2015) 1.45 mmdd
4.
Standard Chartered (2014, 2014) 740 millones de dólares (mdd)
5. Wachovia Bank (2010) 160 mdd
6. Citigroup (2015) 140 mdd
Citigroup
no es el único banco mundial que recibió sanciones por tener controles
deficientes vinculados a operaciones en México. Wells Fargo pagó 160 millones
de dólares en 2010 después de que Wachovia, firma que la entidad compró en
2008, reconoció que voluntariamente había desistido de tener en marcha un
programa antilavado para las transacciones con casas de cambio mexicanas.
En
2012, HSBC acordó pagar mil 900 millones de dólares por fallas similares, así
como también por violar las sanciones. Se descubrió que ambos bancos habían
permitido que los carteles mexicanos de la droga lavaran dinero a través de sus
instituciones.
Podrían
ser necesarias sentencias de cárcel para altos ejecutivos o multas aún más
elevadas para que más bancos presten atención a la prevención del lavado de
dinero, dice Jerry Robinette, exfuncionario de contralor normativo de JPMorgan
Chase que fue el agente a cargo de Investigaciones de Seguridad Interior en San
Antonio.
“Hasta
que no se empiece a mandar gente a la cárcel, allí estarán los bolsillos para
cumplir con las sanciones”, dice. “Hay que llegar a que los fines no
justifiquen los medios para empezar a ver que la gente piensa de otra manera”.
El
mismo día del acuerdo de HSBC, los funcionarios de Banamex USA de Laredo no
hicieron sonar la alarma cuando Sonia de Pau retiró 1.4 millones de dólares de
su cuenta. Pero la falla más importante parece ser Antonio Peña Argüelles y la
falta de acción del banco pese a la publicidad del asesinato de su hermano en
2011, uno de los 27 mil 213 ocurridos en México ese año, el de más homicidios
en la historia de México, según la oficina nacional de estadísticas.
“Un
asesino lavador de dinero aún vive en Estados Unidos, cómodo y tranquilo”,
decía la bandera colgada sobre el cuerpo, refiriéndose al hermano del muerto.
Antes de que se agriaran las relaciones con los Zetas –Peña Argüelles y su
hermano presuntamente le robaron 5 millones de dólares al cartel, según la
declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de
Drogas-, también les había permitido a los Zetas usar su rancho para vender
drogas, eludiendo un puesto de control federal, y actuaba como contacto entre
el jefe del cartel y varios políticos mexicanos, decía la declaración jurada.
En
marzo de 2014, Peña Argüelles, de 60 años, se declaró culpable en un tribunal
federal de Texas de conspiración para lavar dinero y fue condenado a 30 meses
de cárcel, sentencia que ha cumplido casi en su totalidad. Acordó entregar unos
5.5 millones de dólares en efectivo y propiedades. Su abogado, Gerry Goldstein,
no accedió a poner a Peña Argüelles a disposición para esta nota, haciendo
referencia a una demanda que presentó para tratar de recuperar parte de las
propiedades que perdió. Charlie Strauss, asistente del fiscal de San Antonio
que llevó adelante la acusación, no accedió a efectuar declaraciones sobre el
caso ni sobre Banamex USA.
La
FDIC le aplicó a Banamex USA una multa de 140 millones de dólares en julio por
violar las leyes antilavado. No proporcionó un cálculo de cuánto dinero se lavó
en realidad, si es que lo hubo. Barbara Hagenbaugh, portavoz del organismo, no
accedió a efectuar comentarios sobre la acción ni sobre el informe de 2013.
Si
Peña Argüelles entrara a una sucursal de Banamex USA hoy, encontraría una
institución muy distinta. De hecho, probablemente se lo rechazara… y no sólo
por sus antecedentes. En julio, Citigroup dijo que cerraría las sucursales
restantes de Banamex USA y reduciría paulatinamente sus actividades.
Fuente
El Financiero.
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