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19/11/15

Juez ordena restituir ahorro a 4 defraudados por FICREA



 “Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) violó principios de legalidad”

La comisión debe entregar a los quejosos el monto íntegro y total de los depósitos realizados en la SOFIPO.


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá restituir a cuatro defraudados de FICREA el monto íntegro y total de sus ahorros depositados en esta sociedad financiera popular (SOFIPO), de acuerdo con el amparo concedido a los afectados emitido por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García.

Según la resolución del juzgador Silva García, la cantidad total depositada, así como el interés legal, debe ser pagada por parte de la CNBV, y “de ninguna manera de la masa derivada del concurso o quiebra de FICREA”, con la finalidad de no afectar los intereses de los demás ahorradores de la entidad que desvió 2,700 millones de pesos en perjuicio de 6,800 personas.

La sentencia dada por el juez establece que la CNBV, que actualmente preside Jaime González Aguadé, demoró indebidamente la aplicación de las medidas correctivas, informativas y de alerta a los ahorradores por lo menos un año, ya que conoció de las irregularidades de la administración de FICREA como mínimo desde el 8 de abril del 2013, mientras que ejecutó la intervención y cierre de sus operaciones hasta el 7 de noviembre del 2014.

“Los ahorradores no tienen el deber de soportar el uso indebido y deliberado de los fondos de una entidad financiera en beneficio de terceras personas cuando existe deficiente supervisión por parte de la CNBV, así como inoportuna información y alerta al público ahorrador ante la existencia de graves irregularidades en su administración”, se puede leer en una ficha informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal.

Lógicamente —se explica— no cualquier quiebra bancaria o de alguna entidad financiera es atribuible necesariamente al Estado con respecto a la regulación o supervisión de éstas, ya que pueden existir causas externas de fuerza mayor, macroeconómicas y globales que generen que una entidad se descapitalice independientemente de su supervisión, lo que no sucedió en FICREA.

“El juzgado determinó que la restricción e indisponibilidad de los depósitos en perjuicio de un ahorrador generan una violación al derecho fundamental a la propiedad y al debido proceso tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de modo que el juicio de amparo se confirma como uno de los distintos medios de protección del ahorro”, agregó.

El juez Silva García indicó en la sentencia que ni las cuestiones del concurso mercantil tramitadas o el seguro de depósitos por 25,00 Udis (133,000 pesos aproximados) son una reparación efectiva y adecuada para los promoventes del amparo.

“No existe certeza que el concurso mercantil sea la vía idónea y efectiva para reparar integralmente a la parte quejosa por la violación a sus derechos fundamentales, porque se advierte prima facie del dictamen del visitador designado en el referido concurso que los activos de FICREA para hacer frente a las obligaciones son insuficientes a esos efectos”, acota el documento.

El documento destaca que existió una violación a los principios de legalidad y debido procedimiento administrativo, derivada de una deficiente supervisión de la CNBV sobre FICREA, amén de que no se implementaron oportunamente las medidas correctivas previstas.

“Existe el deber constitucional reforzado de supervisión otorgado a la actual CNBV de vigilar adecuadamente el sistema financiero (...), y además porque habían existido anteriormente fraudes hacia este sector de la población, por lo que el Poder Legislativo decidió crear las sociedades financieras populares para que fueran supervisadas por la CNBV”, destaca.

Esta resolución no es definitiva, pues puede ser impugnada por el órgano regulador presidido por Jaime González Aguadé.

Desde el fraude hasta la liquidación

    La administración de FICREA, encabezada por Rafael Olvera Amezcua, defraudó a más de 6,800 ahorradores.
    El monto defraudado es de 2,700 millones de pesos. Estos recursos se triangularon a través de otras empresas de Olvera Amezcua, como Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing.
    El 7 de noviembre del 2014, la CNBV anunció la intervención gerencial de FICREA, debido a que había detectado irregularidades en su administración.
    El 19 de diciembre del 2014, la CNBV anunció la disolución y liquidación de FICREA y posteriormente, el 23 de diciembre, publicó dicha resolución en el Diario Oficial de la Federación.
    En julio del 2015, un grupo de ahorradores solicitó al juez Guillermo Campos el concurso mercantil de la SOFIPO, petición que fue aceptada.
    En septiembre pasado, el visitador de la entidad, Miguel López Rayón, designado por el juez, entregó el dictamen de la situación de FICREA, en el cual se indicaba que hay 627 millones 984,118 pesos en la entidad en activos líquidos disponibles para pagar a acreedores en ese momento.
    El 2 de octubre, el juez Guillermo Campos declaró la sentencia de quiebra de FICREA, donde reconoció en primera instancia a 4,372 acreedores por un adeudo total de 5,550 millones de pesos.
    El 12 de noviembre pasado, el juez Guillermo Campos aprobó el nombramiento de Javier Navarro Velasco como síndico liquidador de FICREA y quien se encargará de liquidar los activos de esta sociedad financiera popular.

Fuente El economista


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18/11/15

Banca de desarrollo, menos crédito



 A junio los préstamos crecieron a una tasa anual de 22%
Ante el uso reciente de capital se prestaría menos

La reforma financiera dio a la banca de desarrollo facultades para impulsar más el crédito. Derivado de ello, el financiamiento otorgado por estas entidades gubernamentales ha crecido de manera importante en los últimos años. Sólo de junio del 2014 a junio del 2015 la cartera repuntó 22 por ciento. Para Fitch esta tendencia podría moderarse en los próximos años, debido al uso reciente de capital.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banobras concentra 46% del total de los préstamos de la banca de desarrollo, Nafin tiene 21%; Bancomext, 19%; la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), 10%; Banjército, 4%; y Bansefi no llega ni a 1 por ciento.

En el periodo comprendido de junio del 2014 a junio del 2015, la cartera de Banobras creció 13.4%; la de Nafin, 29.6%; la de Bancomext, 41.3%; la de SHF, 11.5%; Banjercito, 20.3% y Bansefi, 348.2 por ciento. Este último adquirió parte de los créditos de nómina que maestros tenían con otras empresas privadas.

“El crecimiento ha sido alto en los últimos años, dada una economía local menos dinámica y la reforma financiera aprobada en el 2013. Dicho crecimiento se alinea con sus mandatos (...) el crecimiento se ha apoyado también en garantías y Fitch Ratings considera que podría moderarse en próximos años por el uso reciente de capital, a menos que el gobierno brinde recursos”, precisó la agencia.

Fitch indicó que, aunque la calidad de activos de estas seis instituciones es sólida, el crecimiento crediticio limita su base de capital. “Pese a que han mantenido límites satisfactorios sobre el mínimo regulatorio (10.5%), la mayoría exhibe presiones leves en su capital regulatorio, con excepción de Banobras, porque no han podido compensar su crecimiento crediticio con una generación mayor de capital interno (...) la fortaleza de capital también es limitada por las concentraciones altas por cliente”, informó.

En cuanto a la calidad de activos, destaca que estas entidades muestran préstamos vencidos bajos y relativamente estables (4% promedio en los últimos 36 meses y 0.73% sin la SHF), ello, pese al reciente crecimiento rápido y el mayor riesgo de tamaño y alcance de las micro, pequeñas y medianas empresas, principales beneficiarias del crédito.

Fitch agregó que estas entidades han mostrado rentabilidad modesta pero estable. “Sin embargo, la rentabilidad no es su principal objetivo, sino la autosuficiencia y un desempeño saludable, acorde a su mandato”, destacó.

Fuente: El economista

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