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8/9/16

En México alguien podría estar utilizando el crowdfunding para lavar dinero



El surgimiento de nuevos canales de financiamiento en México, como las fintech y el crowfunding representan no sólo un riesgo para los acreditados, sino también una ventana de lavado de dinero en el sistema financiero, alertó Teodoro Briseño, director general de TM Sourcing.
Precisó que el lavado de dinero en México es una problemática que va de “US$15,000 hasta US$50,000 millones anuales en el sistema financiero mexicano, cifra reconocida por las propias autoridades, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Senadores a través de estudios que ha realizado”.
Este costo para el sistema financiero, ha hecho que el gobierno mexicano ponga énfasis en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Cambios a favor. Prueba de ello, dijo, fue la Reforma Financiera, que modificó 34 leyes y que hacía más estricta la normatividad en prevención de este delito. No obstante, “al regular un sector se genera el efecto cucaracha, en el que la delincuencia organizada se traslada a canales de menor o nula regulación para seguir con sus actividades ilícitas y de lavado de dinero”.
Recordó que a lo largo de los años el sistema financiero mexicano ha ido robusteciendo su regulación, primero en el sector bancario y más recientemente a los intermediarios financieros no bancarios, como sofomes, sofoles o cajas de ahorro. De ahí, la preocupación de que estos nuevos canales de financiamiento a través del crowfunding y las empresas de fintech, representen un riesgo latente para todo el sistema financiero en términos de lavado de dinero y para los propios acreditados, quienes son susceptibles de fraudes a través de estas plataformas.
A través del crowfunding y las fintech se mueven millones de pesos y al tratarse de mecanismos novedosos para el financiamiento están creciendo rápidamente; la problemática radica en que no se sabe con exactitud quién está detrás de los préstamos, quién pone ese dinero, ni quien es el acreditado o para qué utilizará los recursos que obtenga”.
Falta de control. Vale recordar que el crowfunding es una plataforma por internet a través de la cual cualquier persona puede prestar dinero a un tercero; de igual forma cualquiera podría recibir un financiamiento a través de estas plataformas, cuyos recursos provienen directamente de los usuarios registrados del sitio.
Bajo estos modelos de operación nos encontramos en un desconocimiento real de quién está prestando y cómo se usan los recursos. Por eso hoy no tenemos datos exactos del lavado de dinero, pero no por la seguridad de que no haya sino por el desconocimiento de quien opera y cómo opera ese mercado, por la falta de regulación”.
Marco jurídico. Recalcó que si bien no hay datos exactos de la cantidad de lavado de dinero que pudiera estarse gestando a través del crowfunding y las fintech, estos canales de financiamiento representan un riesgo que urge regular antes de que el problema sea más grande. Recordó que estos mercados tienen por lo menos tres años operando en el país y ya tienen una cartera que debe superar los 200 millones de pesos, con crecimientos anuales a doble dígito.
 Fuentes: Antilavadodedinero

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6/9/16

COCA-COLA ES ACUSADA DE FINANCIAR AL TERRORISMO EN COLOMBIA



La fabricante de bebidas azucaradas Coca-Cola y otras 50 empresas colombianas han sido acusadas de financiar al terrorismo por los tribunales colombianos. Coca-Cola está acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 líderes sindicales en sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002.
Uno de los líderes sindicales asesinados era Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa (Antioquia). La mañana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de la embotelladora para matarlo.
Una hora después del asesinato de Gil, los paramilitares secuestraron a otro dirigente sindical en su casa, quien logró escapar y huir a Bogotá para proteger su vida. Por la tarde regresaron al sindicato, destruyeron el equipo de allí y quemaron la casa, destruyendo todos los registros de la cooperativa.
Sinaltrainal agrupa a los trabajadores de la industria alimentaria, especialmente de las multinacionales Coca Cola y Nestlé.
Al día siguiente, los paramilitares volvieron a la planta embotelladora, juntó a los trabajadores y les dio un plazo hasta las 16:00 para renunciar al sindicato. Los trabajadores experimentados que dejaron la planta ganaban entre $ 380 y $ 400 pesos colombianos al mes. Los que llegaron de reemplazo fueron contratados por el salario mínimo de la época: $ 130 al mes.

Durante los dos meses siguientes los paramilitares acamparon a las afueras de la puerta de la planta. Coca-Cola nunca se quejó a las autoridades ni por el asesinato de sus trabajadores ni por la presencia de paramilitares.
Edgar Paz, sindicalista de Sinaltrainal, sostuvo que “la empresa nunca negoció con el sindicato después de eso. Veintisiete trabajadores en 12 departamentos salieron de la planta y la zona. Todos los trabajadores tuvieron que abandonar el sindicato para salvar su propia vida, y la unión fue completamente destruida”.
La hostilidad de la trasnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca Cola José Gabriel Castro acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla.
Dos años después fue asesinado José Manco David y en 1995 Luis Gómez Granados, ambos en la planta de Carepa. Con ellos se inició la trágica secuela de sindicalistas muertos por encargo.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

En Colombia, los trabajadores buscaron justicia desde fines de 1996 hasta ahora e incluso algunos terminaron tras las rejas, mientras que los asesinos quedaron libres.
Ante la impunidad decidieron abrir un pleito en 2001 contra Coca Cola en Miami, sede de la trasnacional. Fueron apoyados por sindicatos norteamericanos como United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF). También fueron demandadas Panamerican Beverages (la mayor embotelladora de bebidas gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos (propiedad de Richard Kirby de Key Biscayne, Florida), que opera la planta de Carepa.
La demanda la acompañaron de una campaña mundial de boicot a la Coca Cola iniciado en 2003, acusando que la fabricante de bebidas azucaradas en Colombia “utilizan grupos paramilitares ilegales para intimidar, amenazar y matar a sus trabajadores”.
Pese a la visibilidad internacional de la problemática, los sindicalistas acusaron que la intimidación continuaba. Asó ocurrió cuando en mayo de 2003 una llamada anónima a la sede del sindicato en Colombia advirtió que las oficinas deberían ser objeto de un ataque con bomba. En marzo de ese año, como revela The Guardian, un trabajador en la ciudad de Bucaramanga recibió una notificación por parte de grupos paramilitares de que había sido declarado objetivo militar.

COCA COLA DICE QUE NO TIENE QUE VER

Coca Cola comenzó a dar respuestas a las quejas por los asesinatos de dirigentes sindicales en sus plantas cuando se dio visibilidad mundial. La empresa dice que declinó toda responsabilidad por la violencia y la coacción y que tienen un código de conducta que requiere el respeto de los derechos humanos.
También sostienen que las plantas embotelladoras de Colombia “son completamente independientes de la Compañía Coca-Cola”.
En la empresa local dijeron que “no tenían manera de detener a los paramilitares de hacer lo que quisieran – después de todo, ellos tenían armas (…) Nadie le dice a los paramilitares qué hacer”.
Los sindicalistas, por su parte, acusaron en la demandas presentada en Miami que el gerente de la planta en Carepa, Ariosto Milán Mosquera, “le había dado una orden a los paramilitares para llevar a cabo la tarea de destruir la unión”. Además sostienen que Milán tenía un historial de fiesta con los paramilitares.
Coca-Cola solicitó un grupo de expertos de las Naciones Unidas a través de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), para llevar a cabo una investigación independiente sobre lo que pasó en Colombia.
El delegado de EE.UU. ante la OIT, Ed Potter, era en la época director de relaciones internacionales de la Coca-Cola.

ASESINATO DE SINDICALISTAS

El asesinato de sindicalistas o dirigentes sociales en Colombia aún sigue siendo una práctica utilizada por las grandes empresas. Un informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS) difundido por El Espectador, denunció que entre abril de 2011 y marzo de 2015 hubo 105 asesinatos de dirigentes sindicales o personas cercanas a ellos. Además el informe acusa que en el mismo periodo suman 1,933 violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal, entre las que contabilizan ataques y amenazas.
Las cifras han bajado respecto de años anteriores. Según SOA Watch, en 2000 los asesinatos se cobraron la vida de 153 de los líderes sindicales de la nación. Ese año, tres de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo eran colombianos. En 2001, la cifra había llegado a 143 a finales de noviembre.
Hasta el año 2002, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federación sindical de Colombia, contabilizaba 3,800 sindicalistas asesinados en el país desde 1986.


Fuentes: Antilavado.com

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