El sector de las uniones de crédito se encuentra preocupado por la
normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al
que se tienen que apegar en el transcurso de este año, ya que posiblemente
algunas de estas entidades no lograrían cumplir con la normativa establecida
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En este 2016, los oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de
dinero, así como los auditores internos y externos de todas las instituciones
financieras del país, deben aprobar un examen realizado por la CNBV con el fin
de obtener su certificación en la materia y así continuar en sus labores dentro
de la organización para que laboran. Dicha prueba está basada en estándares
internacionales.
En entrevista, Luis Morales Robles, presidente del Consejo Mexicano de
Uniones de Crédito
(ConUnion), detalló que debido a este difícil panorama para
cumplir con la normativa, se ha dialogado con la CNBV, con la finalidad de
flexibilizar las reglas.
“Las uniones de créditos estamos procurando la capacitación de nuestro
personal, pero por otro lado hay algunas entidades que no han logrado calificar
a sus oficiales de cumplimiento, es un asunto que estamos atendiendo junto con
la CNBV. Ha habido un acercamiento de nuestra parte, vía la asociación, para
explicar que debe haber cierta flexibilización de la norma”, explicó Morales
Robles.
El presidente de ConUnion reconoció que algunas entidades del sector no
han dado la debida importancia al tema y posiblemente son las que tendrán mayor
dificultad para cumplir con la normatividad.
“Debe haber una sensibilización mayor sobre la necesidad (de cumplir con
la normatividad), se debe dejar de colgarle la responsabilidad de oficiales de
cumplimiento a otros funcionarios (dentro de las instituciones) con otras
responsabilidades”, dijo.
“En las uniones de crédito, históricamente hemos visto que a personal
administrativo o de contabilidad se les cuelga la responsabilidad de oficiales
de cumplimiento, pero el tema de lavado de dinero es mucho más importante para
colgarlo como una tarea adicional a las funciones de la personas”, agregó.
Morales Robles indicó que, en la actualidad, la vulnerabilidad del
sistema financiero respecto del lavado de dinero es mayor en comparación con
otros años, por lo que es indispensable que todas las entidades financieras se
apeguen a la normativa; sin embargo, señaló que sería idóneo que se
flexibilicen dichas normas para que ninguna institución tenga mayores
complicaciones.
“Yo no pondría como comparable lo que sucedía hace tres años en el sector
financiero con lo que se requiere hoy, porque el contexto en el que se vivía
era diferente, había menor vulnerabilidad y ahora se ha incrementado; por esa
razón tenemos que poner la alerta a todos los participantes”, expresó.
El presidente de ConUnión detalló que aunque las uniones de crédito son
igual de vulnerables que todas las entidades financieras en cuestión de lavado
de dinero, el modelo de negocio de éstas hace que exista cierta protección para
no caer en este delito.
“No quiero decir que estemos exentas, pero hay cierta protección por el
modelo de negocio, no quiere decir que entre los propios socios no exista la
posibilidad de tener eventos de lavado de dinero, pero las uniones de crédito
no operamos usualmente con efectivo y tenemos procesos de prevención naturales
a la actividad”, afirmó.
Las uniones de crédito son instituciones autorizadas para realizar
operaciones exclusivamente con sus socios, que al ingresar a este tipo de
organizaciones adquieren determinado número de acciones.
Morales Robles acotó que mientras no haya una flexibilización de la
normativa, ConUnion seguirá con trabajos de capacitación para el personal de
las entidades del sector.
“No sabemos qué pasará con las entidades que no certifiquen a su personal
(...) Estamos haciendo una gestión para tratar de lograr un entendimiento, una
prórroga o una flexibilización de las autoridades. Mientras logramos adoptar
todas las medidas requeridas, lo único que podemos hacer es atender la norma
como está”.
FUENTE: EL ECONOMISTA
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