La debilidad en las instituciones abre el camino a actividades
criminales, dijo el funcionario
El nuevo
Sistema Nacional Anticorrupción será la nueva política pública que aplicará en
México en los próximos 10 años, con la cual se podrán frenar prácticas ilícitas
que dañan a la economía nacional, aseguró Alberto Bazbaz Sacal, director de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
“En
México se están haciendo varios esfuerzos para generar una nueva política
pública y cambiar las formas en las que la sociedad actúa; en la siguiente
década uno de los mecanismos será el Sistema Nacional Anticorrupción, que a la
par ayudará a frenar las operaciones de lavado de dinero”, dijo.
Al
inaugurar el Primer Congreso Nacional en Prevención de Lavado de Dinero y
Anticorrupción, organizado por el Instituto Universitario del Estado de México
(IUEM), afirmó que la corrupción en sí misma es un riesgo para nuestro país que
genera mayores posibilidades de lavado de dinero.
“La
corrupción es un riesgo que genera mayores posibilidades de actividades
criminales ilícitas, genera una debilidad en las instituciones. La sociedad
debe valorar los esfuerzos que se están llevando a cabo y participar”, destacó.
Bazbaz
Sacal argumentó que si toda la sociedad y los tres órdenes de gobierno trabajan
de la mano en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se podrán cambiar muchas
cosas, será muy benéfico.
El
titular de la UIF comentó que la facultad inmersa en la ley antilavado le
permitió a la autoridad bloquear recursos de procedencia ilícita. Es una
atribución nueva y ya muestra resultados.
Tan sólo
en el periodo del 2013 al 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó
fondos provenientes del blanqueo por un monto de 2,000 millones de pesos. La
UIF, reveló, recibe alrededor de 20 millones de reportes de operaciones
inusuales cada año, sólo se trata de avisos.
“Es muy
importante que todas las personas sean conscientes de que pueden ser partícipes
de una activad que fomenta el lavado de dinero y la actividad criminal, sólo
por el hecho de no conocer con quién se realiza algún contrato o convenio”,
matizó.
Alberto
Bazbaz Sacal aceptó que es prácticamente imposible (99% de los casos) tratar de
determinar la actividad ilícita de donde proviene el recurso para poder
realizar un proceso o una sentencia por el delito de lavado de dinero.
Lavado oculta el origen
del recurso: SCJN
Sobre
este tema, que se debate actualmente en tribunales y colegios, dijo que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya lo indicó en una resolución:
“La operación de lavado de dinero lo que hace es ocultar el origen; para
sancionar el lavado de dinero no necesitamos conocer el origen de la actividad
ilícita concreta”.
Bajo
dicho escenario, admitió que muchas personas se involucran, sin saber, en
actividades financiadas con recursos de procedencia ilícita; de tal manera que
todos (en mayor o menor medida) se sumergen o están expuestos a actividades de
blanqueo.
“El
lavado de dinero es una actividad compleja en la que se lavan recursos
provenientes de actos de corrupción, de facturación apócrifa y defraudación
fiscal, secuestro, contrabando, comercio informal, extorsión e incluso de grandes
proyectos empresariales que provocan un grave daño a la economía”, dijo.
Cada uno
como sociedad, añadió, pone su granito de arena para que estas prácticas
ilícitas sucedan y no nos damos cuenta, más bien, no somos conscientes del daño
que hacen.
“Lo que
tenemos que hacer es encontrar herramientas legales para frenar las prácticas
ilícitas, en donde se debe pescar, asegurar o bloquear el dinero cuando esté en
el camino (en algún punto de la actividad comercial)”, matizó.
Finalmente
aseguró que la herramienta más importante con la que cuenta la sociedad y el
gobierno para detener prácticas de lavado de dinero es la concientización. “Si
todos aceptamos la nueva política pública estaremos en mejores condiciones.
Cuando nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer mejor que en cualquier parte del
mundo, no hay que rendirse a la primera”.
FUENTE: El Economista.
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