La Jornada de México
publica en su Editorial de 10 de mayo "Lavado de dinero: omisiones a la
vista". En el artículo pone
en contraste las cifras sobre las operaciones sospechosas enviadas a la UIF y
las investigaciones iniciadas para concluir en el que el sistema de prevención
está funcionando mal.
Así, destaca que, de
acuerdo con información oficial, durante el primer trimestre de este año la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) procesó 2.8 millones de
operaciones consideradas sospechosas en el sistema financiero, mientras
que sólo seis fueron etiquetadas bajo el rubro de operaciones preocupantes,
y el procesamiento del total de estas transacciones por parte de la Unidad de
Inteligencia Financiera derivó en apenas 11 denuncias ante las autoridades
judiciales.
La enorme diferencia
entre el universo de operaciones sospechosas en el sistema financiero y el
número de denuncias presentadas por la dependencia federal hace pensar que, o bien
las organizaciones delictivas blanquean sus recursos en circuitos ajenos al
sistema financiero, o bien las autoridades del país vienen incurriendo en una
actitud omisa en materia de combate al lavado de dinero. Con mayor fundamento
cabe suponer omisiones mucho mayores en las empresas financieras privadas,
muchas de cuyas matrices son reiteradamente multadas en Estados Unidos por
efectuar operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita.
La segunda de estas
posibilidades cobra fuerza ante las apabullantes cifras de dinero sucio que, de
acuerdo con diversos cálculos, son inyectadas anualmente a la economía
nacional. En efecto, el monto que ingresa al país por actividades ilícitas
podría ser de entre 10 mil y 19 mil millones de dólares, si se atiende a las
cifras de excedentes difíciles de explicar en el sistema financiero,
reportadas por la propia SHCP durante la pasada administración, o bien de 30 o
40 mil millones, si se hace caso a diversas estimaciones extraoficiales y de
agencias de seguridad privada e inteligencia. Por su parte, el Departamento de
Estado de Estados Unidos señaló, en un reporte difundido en julio pasado, que
los cárteles de la droga envían de Estados Unidos a
México entre 19 mil y 39 mil millones de dólares al año.
Pese a las disparidades,
tales cifras apuntan a una magnitud de decenas de miles de millones de dólares
en los flujos de dinero ilícito que se introducen en la economía nacional. Y
resulta inverosímil que cantidades semejantes –comparables al monto anual de
las remesas o de los ingresos por exportaciones petroleras– puedan ser lavadas
únicamente mediante empresas fachadas y que su entrada al sistema
financiero se dé a través de depósitos hormigas inferiores a los 500
dólares, que es el monto máximo para que una transacción en esa divisa no sea
reportada a las autoridades financieras: esto último implicaría que las
organizaciones delictivas realizan entre 5 mil y 20 mil operaciones diarias en
las ventanillas de las sucursales bancarias.
Ante tales
consideraciones, es inevitable suponer que buena parte de los recursos
provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas entra y sale del
país mediante grandes transacciones bancarias, cambiarias y bursátiles a través
del sistema financiero, como las que realizó, de acuerdo con un reciente
reporte del Senado del país vecino, la filial mexicana de HSBC entre 2007 y
2008 para transferir presuntas ganancias de los cárteles de la
droga.
El ínfimo número de
denuncias por operaciones sospechosas en el sistema financiero hace suponer, en
suma, un relajamiento en las acciones gubernamentales para frenar el flujo de
dinero ilícito en el país; exhibe a las normas actuales en la materia como poco
serias e insuficientes ante la magnitud del problema, y resta credibilidad al
propósito gubernamental de combatir y debilitar las estructuras delictivas que
operan en el territorio: a fin de cuentas, el blanqueo de recursos procedentes
de actividades delictivas es la vía mediante la cual organizaciones criminales
aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos,
y su combate debiera constituir un punto de arranque de toda acción oficial en
su contra.
FUENTES: http://www.jornada.unam.mx
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