La organización narco liderada por "El señor de los cielos" transfirió USD18 millones para ser lavados en la compra de estancias, hoteles, casas y empresas en los 90 "Operación Casabalanca". Año 1995. Agentes del Departamento de Aduana y Tesoro de los Estados Unidos se infiltraron en el "Cartel de Juárez", la poderosa organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico.
Los espías
estadounidenses lograron que el cartel remitiera parte de los fondos que obtuvo
con la venta de droga en los Estados Unidos a cuentas bancarias de ese país. El
objetivo era para poder seguir la ruta del dinero del narcotráfico. ¿El
resultado? 18.417.299 dólares terminaron en Argentina para ser lavados en la
compra de estancias, hoteles, viviendas, autos y empresas a través de una
organización local del cartel.
Por ese hecho, a partir del próximo
25 de abril seis argentinos que formaron parte de la organización comenzarán a
ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 6 por los delitos deasociación
ilícita y lavado de dinero proveniente
del narcotráfico.
La causa se inició
el 24 de noviembre de 1999 con una denuncia que Jorge Luis Olivares Novales, entonces
jefe de Cancillería de la embajada de México en la Argentina, presentó en el
Departamento de Investigaciones Patrimoniales del Narcotráfico de la Policía
Federal: el cartel de Juárez lavaba dinero en el país.
El cartel de Juárez dominó el tráfico
de droga desde México en la década del 90 cuando era liderado por Amado
Carrillo Fuentes, conocido como "el señor de los cielos" porque
llevaba la droga a Estados Unidos en aviones y fallecido en 1997, según se
cree, durante una cirugía de
cara para cambiar de apariencia.
La denuncia de México se basaba en
los datos obtenidos en la "Operación
Casablanca" que
daban cuenta de que Fuentes y Eduardo González Quirarte, otro jefe del cartel
de Juárez, remitían fondos del narcotráfico al país para ser lavados.
La Justicia concluyó que en Argentina
los encargados de organizar el lavado fueron los empresarios Ángel
Salvia y Nicolás Antonio Di Tullio, quienes
estuvieron presos y enviados a juicio pero que no serán juzgados porque
fallecieron. Salvia fue asesinado a balazos en mayo de 2007 junto a su pareja
por el ex marido de ella, un ex sargento de la Policía Bonaerense.
La investigación
que entonces realizó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral determinó que Di
Tullio abrió a su nombre la cuenta 25913 y la subcuenta 26051 en el "M.A.
Banca Ltd." a donde se hicieron 30 transferencias del exterior por
14.268.649 dólares. También recibió otras 10 transferencias por 4.148.650
dólares en "M.A. Casa de Cambio". De esas entidades salieron los
cheques con los que se compraron los bienes en el país y eran propiedad del
banquero Aldo Ducler, quien fue sobreseído en la causa.
"Una vez que
el grupo comenzó a percibir el dinero proveniente del tráfico de drogas puso en
marcha su plan de inversiones en el país, para ello, en algunos casos formaron
sociedades a tales fines y en otros adquirieron directamente paquetes
accionarios de empresas que resultaban ser propietarias de distintos bienes
inmuebles", sostuvo el fallecido fiscal federal Gerardo Di Masi cuando
envió la causa a juicio.
La organización
creó en 1997 las empresas "Mirbet SA", que compró la casa de la calle
Almafuerte 1541 del exclusivo barrio Los Troncos, en Mar del Plata;
"Estancia Rincón Grande SA", propietaria de una estancia en la
localidad de Balcarce en la que se sospecha que vivió Carrillo Fuentes;
"Hotel Tourbillon SA", con la que adquirió el hotel homónimo que
pertenecía al Sindicato de Obreros Textiles; y "Agrosudeste SA", que
se dedicó a la compra de maquinarias, equipos y accesos agrícolas para la
estancia Rincón Grande.
También se utilizó
el dinero del narcotráfico para la compra de ocho autos, un inmueble en Bahía
Blanca, cuatro empresas, entre ellas la "Petrolera Mar Del Plata" que
era de la familia de Salvia y otras que eran dueñas de estancias, y de un
departamento ubicado en la avenida Alvear 1845/52 de esta ciudad.
En la causa
declaró una empleada de la inmobiliaria que hizo la operación y dijo que Di
Tullio le contó que era apoderado de un grupo de inversores mexicanos que le
pidieron la compra de un departamento para instalarse en Buenos Aires. Parte de
esos bienes están siendo administrados por el Tribunal Oral Federal y podrían
ser decomisados ante una eventual condena.
"El origen espurio de los fondos
se encuentra acreditada entre otras constancias por las copias certificadas de
la investigación llevada a cabo en el marco de la operación Casablanca y de los
juicios llevados a cabo en consecuencia por el Departamento
del Tesoro de EEUU", señaló el
fiscal Di Masi. En la causa también hay declaraciones de testigos protegidos y
de arrepentidos mexicanos.
Para el
funcionario judicial "este grupo tenía como fin el de introducir al
sistema financiero argentino dinero proveniente de la venta de estupefacientes
llevada a cavado en las principales ciudades de Estados Unidos por el
denominado Cartel de Juárez, para lo cual han adquirido y/o formado diversas
sociedades comerciales y han comprado importantes bienes inmuebles, en su
mayoría campos".
A partir del 25 de abril serán
juzgados Raúl Marinone, Roberto Trolio, Mirta Llera, Miguel Lorente, Óscar
Moreno y Algredo Rodríguez, quienes para la justicia formaron parte de la red
de lavado ocupando cargos directivos en las empresas compradas o
recibiendo transferencias de fondos ilícitos. Ninguno de ellos está detenido y en rigor nueve
personas habían sido enviadas a juicio pero por los 16 años que lleva el caso
desde su inicio, tres de ellas fallecieron.
El juicio estará a
cargo de los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez
Sobrino. El fiscal será Diego Velazco, que contará con el apoyo de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo
de Carlos Gonella, y está previsto que declaren cerca de 200 testigos. El mes
que viene se realizará una audiencia previa para establecer la organización del
juicio y no se descarta que se reduzca la lista de testigos.
El juicio se hará
con la vieja ley de lavado de dinero porque los hechos ocurrieron antes de la
entrada en vigencia de la nueva norma.
FUENTE: INFOBAE.
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