El acuerdo, conocido como el acuerdo de
enjuiciamiento aplazado (DPA) desencadenó una tormenta de críticas, también por
el Juez John Gleeson quien ahora estaría considerando rechazar el acuerdo, una
medida que podría dejar al HSBC frente a un proceso penal y la amenaza de que
su licencia para hacer negocios en los EE.UU. pudiera ser revocada.
Las autoridades de los ESTADOS UNIDOS
llegaron a un acuerdo con HSBC el pasado mes de diciembre luego de que se
descubrieron pruebas de que el banco había realizado ilegalmente transacciones
en nombre de los narcotraficantes mexicanos, los terroristas y los clientes en
Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania - todos los países que fueron objeto de las
sanciones impuestas por Estados Unidos.
Gleeson, un ex asistente del
procurador general, se hizo conocido por perseguir las drogas y la
delincuencia organizada, en particular la condena de John Gotti, jefe de la
familia Gambino. Se cree que el departamento de justicia va a cuestionar la
necesidad de aprobación de Gleeson después de no obtener una rápida firma
mientras que el juez ha decidido mantener su opinión de que debe firmar el DPA.
Los acuerdos DPA son una solución
cada vez más común que permiten a la empresa a pagar una multa y detener un
proceso penal.
John Café, Adolf Berle un profesor
de derecho en la Universidad de Columbia, dice que los jueces cada vez más
descontentos con APD. "Hay un grave desconexión entre jueces y fiscales
sobre si los fiscales están haciendo algo significativo", dijo.
El Senador Chuck Grassley arremetió contra
el departamento de justicia en la solución que se acordó el pasado año y dijo
que era "imperdonable" que no se hayan abierto procesos penales
contra el banco, "Lo que he visto en el departamento es una inexplicable
falta de disposición para enjuiciar y condenar a los responsables y la
complicidad de los narcotraficantes y terroristas, no puedo menos que estar de
acuerdo con un editorial en el New York Times que "el gobierno ha comprado
la idea de que es demasiado grande para caer y es demasiado grande para
la cárcel", escribió en una carta al fiscal general, Eric Holder.
Stuart McWilliam, activista del grupo
Global Witness, dijo: "Las noticias de que el DPA todavía no se ha firmado
le da al departamento de justicia una clara oportunidad para reconsiderar las
sanciones que el HSBC debe afrontar por los fallos generalizados en la
prevención del lavado.
"Dado que más de 35,000 personas
fueran brutalmente asesinados en México a manos de los traficantes de drogas
mientras que HSBC lavó cuantiosas sumas de dinero, es escandaloso que el
sistema actual de sanciones no incluyera a los altos ejecutivos como
personalmente responsables por las acciones de sus instituciones. Es HSBC
demasiado grande para la cárcel? ".
Gleeson no sería el primer juez que retara
un DPA, en los últimos meses. El año pasado Jed Rakoff se negó a firmar en un
acuerdo entre Citigroup y la Comisión de Valores y Cambio por la venta de
"tóxicos" bonos hipotecarios. En su opinión, la solución de $285 millones
de dólares no fue "ni razonable, ni justo, ni adecuado, ni en el interés
público".
Fuente: ControlCapital.Net
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