Gobierno tiene identificadas cinco formas distintas
de blanqueo
Una investigación de la UIAF y la Supersolidaria
revela que durante años han aprovechado las cooperativas y los fondos de
empleados para blanquear los dineros obtenidos de extorsiones y secuestros, y
para apoderarse de recursos del sistema financiero.
Entregarle
extraoficialmente a una periodista de un medio internacional una cifra
aproximada (y astronómica) de la plata que tendrían las Farc le costó el puesto
al último director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),
Luis Edmundo Suárez. Sin embargo, antes de abandonar el cargo, Suárez dejó un
documento de 56 páginas en el que revela cómo las guerrillas (Farc y Eln) lavan
y consiguen plata para financiar la guerra a través de cooperativas y otras
entidades sin ánimo de lucro.
Según la
investigación de la UIAF, que se llevó a cabo junto con la Superintendencia de
la Economía Solidaria, las organizaciones armadas ilegales se han aprovechado
durante años de figuras como las cooperativas y los fondos de empleados para
blanquear los dineros obtenidos de extorsiones y secuestros, y para apoderarse
de recursos del sistema financiero.
En 2015,
el país contaba con más de 4.000 organizaciones de economía solidaria que
reportaron ingresos anuales superiores a $16 billones, tenían 5’600.000
asociados y generaban 79.000 empleos directos. El volumen de capital que mueve
el sector, sumado a las dificultades que enfrenta el Estado para vigilarlo, han
hecho de él uno de los frentes escogidos por las guerrillas para mantener sus
ejércitos, beneficiar a las familias de los combatientes, conseguir adeptos y
hacer inteligencia.
Como
prueba de ello, la UIAF y la Supersolidaria identificaron cinco formas distintas
a través de las cuales las organizaciones insurgentes les han sacado ventaja a
algunas entidades sin ánimo de lucro. La primera de ellas consiste en crear
cooperativas o microempresas para criar animales o llevar a cabo actividades
propias de la agroindustria. A esas organizaciones, puestas a nombre de juntas
de acción comunal, se les entrega el dinero o el ganado que los guerrilleros
reciben producto de la extorsión, el robo y el secuestro. Además, las
asociaciones reciben recursos de terceros, que invierten por la fuerza o
voluntariamente.
Rápidamente,
y pese a encontrarse en zonas de guerra, esas cooperativas reportan haber
diversificado sus negocios en los sectores agropecuario y agroindustrial. El
crecimiento injustificado llama la atención de las autoridades, que, luego de
seguimientos, identifican múltiples irregularidades. Entre ellas que las
cooperativas manejan grandes sumas de dinero, compran animales baratos y los
venden caros, invierten poco y reciben mucho, no entregan facturas y les pagan sueldos
de ejecutivos a personas que nunca dejan de ser pobres.
Además
continúan reportando el mismo volumen de cosechas aunque haya sequías, lluvias
o heladas; reciben plata de exportaciones que nunca realizaron, y dicen
falsamente que gastaron dinero en insumos o en medicamentos.
La
segunda ruta que usan los guerrilleros, según la UIAF, es crear empresas para
comprar las deudas que los afiliados de las cooperativas de ahorro o de las
asociaciones de pensionados adquirieron con esas entidades. Una vez hecho el
negocio, la empresa cobra las deudas y mezcla el efectivo con recursos
ilícitos, que se supone hacen parte de su capital. Todo ello va a una cuenta
bancaria de la que más tarde terceros retiran el efectivo, limpio a los ojos
del sistema financiero.
El
tercer camino es crear juntas de acción comunal, cooperativas, iglesias u otras
entidades, además de inyectarles recursos a fundaciones y asociaciones en
quiebra. Acto seguido, los insurgentes usan intermediarios para que, a nombre
de esas pequeñas organizaciones, compren títulos valores que luego son vendidos
por partes o conservados para obtener rendimientos. Finalmente, los dineros de
las operaciones ingresan a las arcas de las organizaciones ilegales.
La
cuarta manera de lavar plata y obtener recursos empieza con la creación de
cooperativas dedicadas a cultivar, criar ganado o comerciar productos, cuyas
ganancias se supone serán invertidas en comunidades pobres. Para que las
organizaciones tengan credibilidad, los guerrilleros compran o construyen una
sede e invierten un pequeño capital a través de simpatizantes. De esa manera
consiguen que los pobladores se afilien a las cooperativas y que, entre todos,
diseñen proyectos productivos, para los cuales solicitan créditos y subsidios.
Cuando
los proyectos son aprobados, los recursos provenientes de los bancos, de los
afiliados, del Estado o del exterior llegan a las cuentas de las cooperativas,
que invierten una pequeña parte en su ejecución. El resto, dice la
investigación, entra a engrosar las arcas de las organizaciones armadas. Según
el documento, las guerrillas también usan ese modelo para que los combatientes
y sus familias obtengan atención en salud, educación, vivienda y crédito.
Asimismo, para hacer inteligencia y ampliar su base social.
La
quinta y última forma involucra a empresas extranjeras que, a través de sus
sucursales en Colombia, donan grandes cantidades de dinero a entidades sin
ánimo de lucro para, supuestamente, poner en marcha programas sociales. Dichas
entidades invierten una mínima porción de los recursos en actividades lícitas,
mientras que el resto lo giran en cheques a terceros. Estos últimos mueven el
dinero en efectivo o lo invierten en bienes que quedan a nombre de empresas
fachada. Los recursos de las donaciones también terminan en manos de ilegales gracias
a compras falsas de tierras, en las que se supone se desarrollarían los
proyectos productivos.
Es de
esas maneras que las organizaciones guerrilleras han conseguido dar apariencia
de legalidad a una parte de los millones que obtienen de sus actividades
criminales, asegura el Gobierno. Sin embargo, el secreto con el que esas
estructuras manejan sus finanzas y la incapacidad del Estado para
desentrañarlas hacen prever que sólo después de la firma de la paz el país
podrá enterarse de dónde están los dineros, en qué y cómo se invirtieron,
quiénes participaron en estas y otras complejas redes de lavado y cuántos de
esos recursos se usarán para reparar a las víctimas.
FUENTE: El espectador.
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