El llamado del Sbatella, titular de la UIF, a las entidades
financieras para que no enviaran los reportes de operaciones sospechosas
ligadas al blanqueo de divisas ha desatado una tormenta en los medios que
finalmente ha desembocado en la presentación de una denuncia penal.
Así, el diputado nacional
Manuel Garrido (UCR) formalizó la denuncia penal contra José Sbatella y también
presentó un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Julio Alak, y al
propio Sbatella.
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La
Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de
la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos
que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que
ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo
aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada
a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos
oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del
sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF.
(…) Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta
esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó
el presidente de uno de los bancos consultados
Ciertamente, se trató de
una recomendación o instrucción oral a las entidades financieras que
participaron en la reunión informativa pero parece que el titular de la UIF
equivocó el medio y el mensaje. La omisión del reporte en los casos de ingresos
de dólares para la realización de la operaciones de blanqueo de divisas es una
consecuencia lógica del mecanismo arbitrado por el gobierno de perdón fiscal
para conseguir el aporte de dólares a la economía argentina.
En la denominada regularización
tributaria especial, o popularmente amnistía fiscal, realizada en España en el
año 2012, el Ministerio de Economía emitió hasta dos circulares para aclarar
una situación parecida (ACA y ACA). En la Circulares, de acuerdo con la
exoneración en la ley del delito fiscal para los activos que se blanqueaban, se
establecía la vigencia de la obligación de reportar las operaciones sospechosas
de lavado de dinero (blanqueo de capitales en España) salvo para los supuestos
en que, precisamente, se trataba de los capitales que eran objeto de blanqueo.
Situación lógica pues ya que si para esos capitales evadidos o eludidos no
existía delito fiscal, tampoco se podían consitutir en delitos precedentes del
delito de lavado de dinero. Y, por tanto, se desactivaría la obligación legal
para las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas.
En el caso de Argentina,
el blanqueo se trata de un amplio perdón fiscal y mantiene vigente íntegramente
la obligación de reportar las operaciones sospechosas salvo en los supuestos
previstos en el artículo 14 de la ley 26.860, cuales son la figura de evasión
tributaria o participación en la evasión tributaria
Por lo anterior, y sin
conocer exactamente el mensaje que transmitió Sbatella, se puede convenir en
que la ley del blanqueo de divisas daba espacio para recordar a las entidades
financieras el mensaje sobre la no necesidad de reportar cuando se estuviera en
presencia de supuestos claros de blanqueos de divisas provenientes de delitos
tributarios. Y ello, aún admitiendo la dificultad para los responsables de
prevención del lavado de determinar el origen de los fondos.
El resultado de la
intervención de Sbatella ha de llevar a considerar que se erró en el mensaje y
también en el medio pues para este tipo de cuestiones tan ajustadas es siempre
preferible el medio escrito y oficial a través de una comunicación o
instrucción que se apoyara en el tenor literal de la ley.
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La Ley del blanqueo se aprobó con cauciones para el lavado de
dinero
Manuel Garrido, junto a
la diputada Graciela Ocaña, presentó una denuncia penal contra Sbatella, para
que se investigue la posible comisión de los delitos penales de delitos penales
de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y encubrimiento (artículo
277 1° incisos A y E), por cuanto habría dictado la orden de incumplir con la
leyes 26.860 y 25.246, con la consecuencia directa de estar facilitando el
lavado de dinero, obstaculizando las investigaciones acerca del origen ilícito
de esas sumas de dinero y ayudando a eludir la Justicia a los autores de los
delitos mencionados.
La denuncia se fundamenta en que, según surge de información
pública, el titular de la Unidad de Información Financiera habría pedido a
entidades financieras que no reporten las operaciones sospechosas de lavado de
activos y financiación del terrorismo que podrían realizarse al amparo de la
recientemente sancionada ley de "Exteriorización voluntaria de la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior" (Ley N° 26.680).
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La
Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de
la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos
que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que
ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo
aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada
a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos
oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector
bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF. (…) Lo
que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico
porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente
de uno de los bancos consultados".
Cabe destacar que el artículo 6 de la Ley 25.246 (Ley de
creación de la Unidad de Información Financiera), establece que "la Unidad de Información Financiera (UIF)
será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información
a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código
Penal)
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter
del Código Penal)
"El deber de informar, alcanza no solo a los sujetos que
exteriorizan sumas de dinero, sino también a las entidades financieras en donde
la exteriorización se lleva a cabo. En este sentido, el artículo 14 de la Ley
26.680 expresa que "ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a
las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades
financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la
prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del
terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto
de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión
tributaria".
De confirmarse la información publicada en la prensa, el
presidente de la Unidad de Información Financiera habría cometido los delitos
citados, dado que el denunciado habrá ordenado a los bancos no reportar las
operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, en
flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 26.860 y en los
artículos 20, 20 bis y 21 de la Ley 25.246, con la consecuencia directa de
ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción
de ésta, a los autores de los citados delitos, así como ayudar a los autores o
partícipes de los mismos a asegurar el producto o provecho del delito,
facilitándoles su blanqueo irregular mediante el relajamiento de los controles
–incluso él mismo– establecidos por la ley para prevenir ese tipo de conductas.
Esto último se agrava por la condición de funcionario público
del presidente de la UIF y porque el delito que se encubre tiene una pena
mínima superior a tres años de prisión (artículo 277 inciso 3º a del Código
Penal).
FUENTES: control capital
