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30/7/13

Empresario mexicano admite en EU estar ligado a corrupción



El empresario mexicano Ricardo Viso Seligson, vinculado a un escándalo de corrupción política en México y detenido en Estados Unidos desde junio pasado, se declaró culpable de fraude y lavado de dinero ante una corte federal en San Antonio, Texas, informaron este martes fuentes judiciales.
La Oficina del Procurador Federal para el Oeste de Texas informó este martes en un comunicado que Viso Seligson cambió la víspera su declaración inicial, pues tras ser detenido a finales de junio pasado negó las acusaciones y se declaró inocente.
Ahora, el empresario enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado en noviembre próximo.
De acuerdo con la acusación presentada en su contra ante la Corte Federal de Distrito Oeste de Texas, Viso Seligson operó desde febrero de 2012 hasta su arresto un negocio de cambio de dinero sin licencia o permiso oficial para realizar tales operaciones, según las autoridades, el empresario utilizó el negocio para transferir unos 20 millones de dólares a cuentas bancarias en Estados Unidos.
El dinero de las transferencias era orientado luego a una serie de empresas que el indiciado había creado en Estados Unidos.
Las empresas, identificadas bajo los nombres de Roving Cel, LLC; Drako Trading, LLC; Leon Springs Trading y Yowl Solutions, LLC, transferían luego el dinero a cuentas bancarias en México, a fin de darle legitimidad en ese país.
Según documentos de la corte, los recursos que recibía en Estados Unidos provenían presuntamente de la venta de teléfonos celulares. Sin embargo, los teléfonos celulares o eran falsos o inexistentes.
Reportes de la prensa mexicana señalaron que Viso Seligson estaba siendo investigado por la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) de México como parte de una averiguación sobre las finanzas del Partido Nueva Alianza (Panal).
El IFE, de acuerdo con esos reportes, detectó movimientos bancarios "inusuales" y solicitó el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Informes financieros presentados por el Panal al IFE en 2012, indicaron que Viso Seligson recibió de ese partido 18 cheques que en total suman siete millones 379,064 pesos que fueron endosados posteriormente a nombre de José Joaquín Mora Domínguez.
FUENTES: El Economista

23/7/13

Argentina: denuncian al director de la UIF por su llamado a no reportar operaciones ligadas al blanqueo



El llamado del Sbatella, titular de la UIF, a las entidades financieras para que no enviaran los reportes de operaciones sospechosas ligadas al blanqueo de divisas ha desatado una tormenta en los medios que finalmente ha desembocado en la presentación de una denuncia penal.
 Así, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR) formalizó la denuncia penal contra José Sbatella y también presentó un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Julio Alak, y al propio Sbatella.
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF. (…) Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados
 Ciertamente, se trató de una recomendación o instrucción oral a las entidades financieras que participaron en la reunión informativa pero parece que el titular de la UIF equivocó el medio y el mensaje. La omisión del reporte en los casos de ingresos de dólares para la realización de la operaciones de blanqueo de divisas es una consecuencia lógica del mecanismo arbitrado por el gobierno de perdón fiscal para conseguir el aporte de dólares a la economía argentina.
 En la denominada regularización tributaria especial, o popularmente amnistía fiscal, realizada en España en el año 2012, el Ministerio de Economía emitió hasta dos circulares para aclarar una situación parecida (ACA y ACA). En la Circulares, de acuerdo con la exoneración en la ley del delito fiscal para los activos que se blanqueaban, se establecía la vigencia de la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero (blanqueo de capitales en España) salvo para los supuestos en que, precisamente, se trataba de los capitales que eran objeto de blanqueo. Situación lógica pues ya que si para esos capitales evadidos o eludidos no existía delito fiscal, tampoco se podían consitutir en delitos precedentes del delito de lavado de dinero. Y, por tanto, se desactivaría la obligación legal para las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas.
 En el caso de Argentina, el blanqueo se trata de un amplio perdón fiscal y mantiene vigente íntegramente la obligación de reportar las operaciones sospechosas salvo en los supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 26.860, cuales son la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria
 Por lo anterior, y sin conocer exactamente el mensaje que transmitió Sbatella, se puede convenir en que la ley del blanqueo de divisas daba espacio para recordar a las entidades financieras el mensaje sobre la no necesidad de reportar cuando se estuviera en presencia de supuestos claros de blanqueos de divisas provenientes de delitos tributarios. Y ello, aún admitiendo la dificultad para los responsables de prevención del lavado de determinar el origen de los fondos.
 El resultado de la intervención de Sbatella ha de llevar a considerar que se erró en el mensaje y también en el medio pues para este tipo de cuestiones tan ajustadas es siempre preferible el medio escrito y oficial a través de una comunicación o instrucción que se apoyara en el tenor literal de la ley. 
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La Ley del blanqueo se aprobó con cauciones para el lavado de dinero
 Manuel Garrido, junto a la diputada Graciela Ocaña, presentó una denuncia penal contra Sbatella, para que se investigue la posible comisión de los delitos penales de delitos penales de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y encubrimiento (artículo 277 1° incisos A y E), por cuanto habría dictado la orden de incumplir con la leyes 26.860 y 25.246, con la consecuencia directa de estar facilitando el lavado de dinero, obstaculizando las investigaciones acerca del origen ilícito de esas sumas de dinero y ayudando a eludir la Justicia a los autores de los delitos mencionados.
La denuncia se fundamenta en que, según surge de información pública, el titular de la Unidad de Información Financiera habría pedido a entidades financieras que no reporten las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo que podrían realizarse al amparo de la recientemente sancionada ley de "Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior" (Ley N° 26.680).
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF. (…) Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados".
Cabe destacar que el artículo 6 de la Ley 25.246 (Ley de creación de la Unidad de Información Financiera), establece que "la Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal)
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal)
"El deber de informar, alcanza no solo a los sujetos que exteriorizan sumas de dinero, sino también a las entidades financieras en donde la exteriorización se lleva a cabo. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 26.680 expresa que "ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria".
De confirmarse la información publicada en la prensa, el presidente de la Unidad de Información Financiera habría cometido los delitos citados, dado que el denunciado habrá ordenado a los bancos no reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, en flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 26.860 y en los artículos 20, 20 bis y 21 de la Ley 25.246, con la consecuencia directa de ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, a los autores de los citados delitos, así como ayudar a los autores o partícipes de los mismos a asegurar el producto o provecho del delito, facilitándoles su blanqueo irregular mediante el relajamiento de los controles –incluso él mismo– establecidos por la ley para prevenir ese tipo de conductas.
Esto último se agrava por la condición de funcionario público del presidente de la UIF y porque el delito que se encubre tiene una pena mínima superior a tres años de prisión (artículo 277 inciso 3º a del Código Penal).
FUENTES: control capital

15/7/13

Argentina: ex de JP Morgan explica ante el juez las maniobras de evasión y lavado para grandes empresas



En sus declaraciones al titular del Juzgado Federal y Correccional 12 a cargo de Sebastián Casanello, Hernán Arbizu, el ex banquero del JP Morgan, confirmó su rol de colaborador y gestor del delito de presunto lavado de dinero de las grandes corporaciones de la Argentina.
Y apuntó a la vez a la estructura política macro de la entidad, en la que se sostuvo para sacar del país dinero sin declarar hacia paraísos fiscales. Asimismo, presentó un escrito detallando otros casos de empresas vinculadas a delitos, como el Grupo Clarín, y confesó tener en su poder un celular que le dio el banco, que revela cómo las empresas "lavadoras" acordaban reuniones con él para hacer negocios.
Subió las escalinatas de Comodoro Py a las 9:45 de la mañana, y a las 10 ya estaba respondiendo a una serie de preguntas del magistrado, centradas en la causa 4334, denominada "Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito", en la que están sospechados de comisión de delitos económicos Ausol, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador Emilio Cárdenas, entre otras personas y firmas. Esta investigación se inició luego de que Tiempo Argentino publicara una serie de órdenes de transferencias de estos clientes del Morgan hacia el exterior y sin declarar en el país. Casanello empezó la indagatoria repasando en detalle estos documentos, con números de cuenta y sus titulares  y Arbizu aclaró que, en los casos antes mencionados, él no formó parte de esas operaciones directamente, pero sí supo reconocer y confirmar la validez de los documentos y la gravedad del delito:
"Yo sí hacía este tipo de operaciones. Este es el típico servicio de banca privada que brindan los bancos. En las operaciones que usted describió (le dice al juez), puedo identificar operaciones de lavado de dinero como es el back to back, constitución de sociedades off shore –como es el caso de Petrópolis LTD– y operaciones "overnight", como es la de Petrobras. Overnight y back to back son maniobras típicas en los negociados de lavado: la primera es una especie de transferencia-préstamo en dinero que una persona o empresa utiliza en una sola noche, como explicó Arbizu, "un depósito a plazo fijo por una noche", que puede utilizarse para fraguar balances de empresas. El segundo se grafica con un ejemplo. Una firma contrata a un banco para reestructurar  una obligación negociable según las necesidades del contratante. El banco de origen luego vende una porción grande de dicha emisión a sus clientes de banca privada y, en algunos casos, compra la misma empresa emisora con activos que esta tiene depositados en el extranjero.
Asimismo, y en el marco de la causa "Ausol", el banquero que se definió como economista aseguró ante el juez que las administrativas Jeanette Bueno y Norma Caba, que aparecen por el Morgan en las órdenes de transferencia de una empresa de Castex del Exxel y de la firma Norep, "trabajaban directamente para mí".
Minutos antes del receso del mediodía, el ex Morgan recordó que en 2008 se autodenunció ante el Juzgado Penal y Correccional 12, a cargo de Sergio Torres, por haber cometido un fraude con transferencias entre tres cuentas de sus clientes, y que en aquel momento aportó un listado de 469 empresas y personas físicas, entre ellas Clarín y sus directores, Ledesma, Edenor, Blaquier, Consultatio, Los Melhem y los Priú. "Es importante destacar que mi información aportada hace cinco años confirma estos documentos y viceversa", declaró Arbizu, y agregó que "hay una estructura armada por los bancos, particularmente en este caso el JP Morgan, para ayudar a sujetos pasibles de pagar impuestos en Argentina, a evadir impuestos y, en segundo paso, un posible lavado de dinero. JP Morgan sólo para Argentina tenía asignado, entre banqueros y asistentes, a  más de 20 personas, y manejan más de U$S 6,000 millones".
Después del receso, Casanello salió de la sala y prosiguieron sus secretarios. El magistrado volvió hacia el final de la declaración y luego volvió al cierre. El que estuvo ausente y estaba apuntado para realizar preguntas fue el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan. "Quiero aclarar que todas las operaciones de las que hablé hasta ahora involucran dinero que está fuera del país. Que son parte, digamos, de los U$S 150 mil millones que tienen sin declarar los argentinos en el exterior", relató el ex Morgan, y aclaró que "estoy seguro de que los números de cuenta que yo aporté hace cinco años no existen; lo que no quita que se puedan rastrear el destino de los fondos.” Es que, usualmente, en estos casos de escándalo, los bancos suelen proceder borrando evidencias. Arbizu confirmó que Castex, del Exxel, Ávila, de TyC Sports y el Estudio Cárdenas, del ex funcionario menemista Emilio Cárdenas, eran clientes del Morgan y develó que Cárdenas integraba el Estudio de abogados Cassagne Beccar Varela, que tenía un vínculo directo con María Laura Tramezzani, una de las cazadoras de clientes que reportaban a Arbizu en Buenos Aires. En la declaratoria confesó además que mantuvo reuniones con Alejandro Urricelqui y Alejandro Scanavino, por las cuentas de Clarín que el Morgan manejaba en el exterior. "Sí, Constantini en particular y sus empresas eran clientes de mucha relevancia. Tal es así que en su museo hicimos un evento privado para nuevos y futuros clientes que se llamó Industria Argentina y que estaba vinculado a artistas argentinos", aseveró en relación a uno de los empresarios investigados en la causa.
En esta línea, Arbizu testificó que "el equipo de trabajo" que le daba estructura del Morgan "empieza con Jamie Dimon, el CEO" y "la jefa de Banca Privada, Mary Erdoes". También apuntó a Álvaro Martínez Fonts, jefe para Latinoamérica, y Luke Palacio, jefe para el cono sur (hoy en el Citibank). María Laura Tramezzani y Hernán Agote, en tanto, era sus "hunters", que sondeaban nuevos clientes para que Arbizu trabajara. Asimismo, aclaró que había una especie de estatuto del banco, el Rol de Funciones, que especificaba qué tarea hacía cada uno. Entre ellos señaló además a Facundo Gómez Minujin y Andrés Rodríguez Lubary, uno y dos del Morgan en Argentina.
Consultado por Casanello, Arbizu relató algunas de las vías para sacar dinero del país y mostró cómo se fugan valores pequeños. "Montos chicos se sacan simplemente a través de una casa de cambio: uno se va con el dinero, lo deja, sin ningún recibo ni nada, y espera que al otro día le aparezca en sus cuentas, según las instrucciones que dio en la casa de cambio. El precio que se cobra en estas operaciones es absolutamente variable", dijo, y agregó que en el caso de los grandes, contrataban al banco para que hiciera una emisión de acciones, vender parte de la empresa. Recordó que con este esquema Clarín "estafó a las AFJP". "Ese negocio es responsabilidad directa de la oficina del Morgan Argentina", confirmó, y afirmó que "a través de back to back ese dinero entró en Argentina". «
 Siete bancos fugaron u$s 72 mil millones
Hacia el final de la declaración, Arbizu pidió la palabra para agregar datos: "Me gustaría decir, más o menos, cuáles son los montos que cada banco maneja en el exterior, de los argentinos", dijo y adelantó que "el Citibank, unos 20 mil millones de dólares. El UBS, unos 15 mil millones; el Credit Suisse, 10 mil millones; el Santander, 8 mil millones; el Bilbao Viscaya, unos 8 mil millones; Goldman Sachs, unos 5 mil millones; y el JP Morgan, unos 6,mil millones de dólares".
Asimismo, Arbizu aclaró que "no sé si se habrá dado de baja este servicio de banca privada para clientes argentinos, pero estos eran los números aproximados". Hace un tiempo corrió fuerte el rumor de que luego del escándalo de Arbizu, la entidad había cerrado su división de banca privada, pidiéndoles a los clientes que retiren el dinero allí depositado. "Por más que no me crean yo di documentación, nombres, números de cuenta. Cometí un fraude en el cual me incriminé. Es un fraude que perjudica a toda la sociedad argentina. Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero", dijo Arbizu en diálogo con radio Vorterix.
La causa paso a paso
El origen : investigado por la justicia de EE UU, que pedía su extradición por una estafa realizada en cuentas que administraba para el JP Morgan, Arbizu se presentó ante el juez Sergio Torres en junio de 2008.
La auto denuncia: allí reconoció su responsabilidad en el hecho, pidió ser juzgado en Argentina y brindó detalles del esquema de banca privada utilizado por el JP Morgan en el país para capturar y administrar activos no declarados de residentes argentinos en el exterior.
 FBI y medida cautelar: apenas salió a la luz el escándalo, el FBI se presentó ante Torres e hizo gestiones para proceder a la detención y extradición irregular. Inmediatamente, el JP Morgan obtuvo una cautelar para que Arbizu no hable con los medios, la cual el propio juez dejó sin efecto días atrás.
La causa, paralizada: Arbizu dio detalles acerca de cuentas, montos y  operatoria de los fondos sin declarar de grandes grupos económicos. A pesar de ello, la causa no registró movimiento alguno y estuvo paralizada prácticamente cinco años. Ni siquiera se le tomó indagatoria a Arbizu.
Nuevas pruebas: este diario publicó las "instrucciones de transferencia", una serie de transacciones detalladas con cuentas offshore –muchas en paraísos fiscales– de personajes públicos y empresas. El fiscal Marijuan pidió investigarlas, pero Torres entendió que se trataba de un hecho nuevo, se creó un nuevo expediente y el sorteo lo derivó al Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Casanello.
Avances: el magistrado tomó la causa, aceptó a la UIF como querellante y, como primera medida, llamó a declarar a Arbizu.

FUENTES: http://tiempo.infonews.com

12/7/13

Vaticano congela fondos de clérigo acusado de lavado



El Vaticano dijo el viernes que congeló fondos pertenecientes a un clérigo involucrado en una supuesta operación de lavado de dinero como parte de una investigación del caso y que podría extender su pesquisa a otras personas.
Monseñor Nunzio Scarano, quien tiene vínculos cercanos con el Banco del Vaticano, fue arrestado el mes pasado, acusado de planear el ingreso a Italia de millones de euros en efectivo desde Suiza para amigos ricos, el caso fue el último de una serie de escándalos que azotan la imagen de la Iglesia Católica.
Los detalles de la investigación, incluyendo escuchas telefónicas de la policía y acusaciones de complot para ingresar ilegalmente el efectivo a través de las aduanas, también fueron vistos como un bochorno particular para el Papa Francisco, quien ha enfocado la misión de la Iglesia en el cuidado de los pobres desde su elección en marzo.
El jefe de justicia de la diminuta ciudad estado ordenó el congelamiento de los fondos de Scarano en el Banco del Vaticano.
"Las pesquisas podrían extenderse también a otras personas", dijo el Vaticano en un comunicado.
El banco, conocido formalmente como el Instituto para las Obras de Religión (IOR), había designado a la consultora financiera estadounidense Promontory Financial Group para que realice una revisión de todas las cuentas potencialmente afectadas y estaba cooperando con la investigación, agregó.
Scarano, un ex contador de alto perfil en la administración financiera de la Santa Sede, fue arrestado con Giovanni Zito, un agente del servicio de inteligencia italiano, y el financista Giovanni Carenzio.
Han sido acusados de complotar para traer 20 millones de euros (26,08 millones de dólares) para amigos ricos de Scarano en la industria naval en la ciudad sureña de Salerno.
Aunque el Banco del Vaticano no ha estado implicado directamente en el caso, ya está involucrado en otra investigación sobre supuesto lavado de dinero.
Scarano, quien actualmente está detenido en una cárcel de Roma, está bajo investigación en otra causa vinculada con sus cuentas en el Banco del Vaticano.
Dos de los principales directivos del IOR renunciaron a principios de este mes como consecuencia del arresto de Scarano y los fiscales están considerando enviar a juicio a ambos, el ex director Paolo Cipriani y el ex vicedirector Massimo Tulli.

Fuente: el economista