El
presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso de la Unión para
fortalecer las acciones contra el lavado del dinero, el terrorismo y su
financiamiento, propuestas que atienden a las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
La
iniciativa que fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
pretende otorgar más herramientas al Ministerio Público para sancionar a
quienes operen recursos de procedencia ilícita.
Adiciona
al Código Penal Federal el testaferrato “como una conducta punible autónoma que
se configura cuando una persona permite que se intitulen bajo su nombre bienes
o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o
representen el producto de una actividad ilícita”.
Considera
como agravante de lavado de dinero que el sujeto sea funcionario público o
preste servicios a una persona sujeta al régimen de prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilegal.
Por
otro lado, con la iniciativa se busca la inclusión en el catálogo de delitos
cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada a quienes financien o
encubran al terrorismo.
Mientras
que en el catálogo de delitos graves sugiere que también se contemple el
financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, el robo de material
radioactivo y nuclear, así como la conducta de testaferrato.
“Con
la finalidad de hacer efectivos los mecanismos de combate de los delitos de
terrorismo y su financiamiento, así como los tipos penales relacionados con
operaciones con recursos de procedencia ilícita, se propone que exista una
excepción sobre la reserva de información fiscal proporcionada por
contribuyentes o terceros que tengan relación con éstos, y aquella información
que la autoridad fiscal obtenga en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, evitando obstáculos que impidan combatir adecuadamente estas
prácticas”, destaca.
Mientras
que para endurecer las penas, Peña Nieto propone prisión de 15 a 40 años y de
400 a 1,200 días de multa para las personas que incurran en terrorismo o su
financiamiento.
Asimismo,
pide facultar al Ministerio Público “para ordenar la inmovilización provisional
e inmediata de fondos o activos si tiene conocimiento de reportes, informes o
resoluciones de las autoridades nacionales de la vigilancia financiera y que
son competentes para conocer de esos asuntos, así como por aquellos que emitan
los organismos internacionales cuando estén vinculados con los delitos en
materia de la extinción de dominio”.
Para
llevar a cabo lo anterior, el Presidente pide que se modifiquen e incluyan
diversas disposiciones al Código Penal Federal, Código Federal de
Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código
Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Ésta
es la primera iniciativa que Enrique Peña Nieto presenta como Presidente, que
no se consensuó en el seno del Pacto por México y argumenta que atiende a las
observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo
de Capitales le dio a México en el 2008 y se adecúa al marco internacional.
La
iniciativa anexa un documento de la Secretaría de Hacienda, en el que se
precisa que con la reforma no se crearían otras unidades administrativas,
plazas o instituciones, además de que no impactaría en programas
presupuestarios ni constituiría mayor gasto público.
La
reforma, agregó el Mandatario, responde a la política de seguridad y justicia
del Estado mexicano y a su prevención, no sólo a la reacción ante un delito.
FUENTES: http://eleconomista.com.mx
(1)
En términos
legales y económicos, se describe a aquellas personas que suplantan a otras en
negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantación estas personas
encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude, como por ejemplo:
evadir impuestos, quitar herencias codiciadas,etc
No hay comentarios:
Publicar un comentario