Entre las modificaciones
propuestas en la iniciativa de reforma a la Ley Financiera que se prevé sea
presentada en los próximos días destaca el apartado 13, en el cual se desglosan
cambios para evitar actos terroristas en México y atacar el lavado de
dinero.
En el texto titulado
“Financiamiento al terrorismo y lavado de dinero”, marcado como uno
de los 14 proyectos confidenciales que se presentaron en días pasados como
parte de la reforma financiera, se establece que estos cambios buscan atender
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de
Capitales, (GAFI, por sus siglas en inglés), así como el Grupo Egmont,
instancia que se encarga de reunir a las unidades de inteligencia financiera
mundiales.
El documento, reconoce que el GAFI y el Fondo Monetario
Internacional realizaron en 2008 una evaluación sobre las medidas que existen
en el país para evitar estos ilícitos, y concluyeron que en México no es
suficiente la regulación en materia de lavado de dinero y terrorismo, así
como su financiamiento.
“Con esta reforma el
gobierno mexicano dará cumplimiento eficiente a los tratados suscritos y
colocará a México entre los pocos países que cuentan con el mayor número de
recomendaciones cumplidas”, destaca el texto.
Entre las sanciones se
pretende aumentar la pena mínima de prisión pasándola de cinco a 15 años, en
razón del daño que este tipo de acciones puede representar a la sociedad,
produciendo o pudiendo producir alarma, temor o terror en la población o en un
grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a
la autoridad o a un particular a tomar una determinación.
Asimismo, se establecerá
como un delito el financiamiento al terrorismo, mediante la cual se busca
sancionar con prisión de 15 a 40 años y 400 a mil doscientos días de multa a
quien por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude
fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ya sea para financiar o
apoyar individuos o agrupaciones delincuenciales.
También tipifica el
encubrimiento de personas que hayan participado en el financiamiento de actos
terroristas. Para ello, aplicará a estos sujetos una pena de prisión de uno a
nueve años y una multa económica de cien a trescientos días de salario mínimo.
Otro de los aspectos que
detalla este apartado, es el combate al lavado de dinero, en el cual
se incluye en este delito a quien posea, convierta, retire, reciba por
cualquier motivo o traspase dentro del territorio nacional, de éste hacia el
extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando procedan o representen el producto de una actividad ilícita. Dichos
delitos recibirán penas de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de
multa.
“También se propone que
sea considerada como delito grave la conducta de testaferrato (prestanombres),
entendida como aquella persona que permita que se intitulen bajo su nombre
bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen
el producto de una actividad ilícita, sin que tenga conocimiento de que los
recursos, derechos o bienes procedan o representen el producto de una actividad
ilícita”, añade el texto.
Se propone también que
con la finalidad de hacer efectivos los mecanismos para el combate de estos
delitos y su financiamiento exista una excepción sobre la reserva de la
información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros relacionados.
De igual forma pretende
reformar la Ley de Extinción de Dominio, para que el Ministerio Público pueda
ordenar aquellas medidas cautelares a las entidades financieras que eviten la
fuga o desaparición de aquellos recursos que presuntamente se encuentren
vinculados con estos delitos.
“Se busca que esta
medida cautelar pueda activarse ante el conocimiento de reportes, informes o
resoluciones de las autoridades nacionales de la vigilancia financiera y los
diversos movimientos relacionados con este tipo de prácticas, pero que también
se puedan activar por la emisión de reportes, informes o resoluciones que
emitan organismos internacionales.”
Ante esto, con la
finalidad de ofrecer certeza jurídica a aquellas personas sobre las cuales
recaiga dicha medida, se propone un plazo de 20 días para que el Ministerio
Público solicite al juez el aseguramiento de fondos o activos.
Certeza para más crédito
Por otra parte, la
reforma financiera que presentará el Ejecutivo federal tiene por objetivo
mejorar el acceso al crédito mediante la mayor competencia, por lo que
contemplan instaurar más facilidades a los usuarios de cambiar de banco, como a
las instituciones de cobrar garantías.
Estas modificaciones
darán la certeza a los usuarios de contar con mejores condiciones en el mercado
financiero y a los bancos de poder recuperar el dinero que están prestando.
Se pretende que los
bancos puedan recuperar sus préstamos al reducir la duración de los concursos
mercantiles, lo cual ayudará a proteger el fondo de los acreedores y evitar que
jueces alarguen procesos.
También la iniciativa
busca agilizar la quiebra de empresas al acotar los plazos de los concursos
mercantiles y permitir que los acreedores nombren interventores, al tiempo que prohíbe
a los jueces extender los tiempos de conciliación previstos.
Para esto se contempla
modificar varios artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, para que su
objetivo ya no sea sólo el cuidado de las empresas en quiebra, sino también el
de sus acreedores.
“En adición a conservar
las empresas, se establece como objetivo principal la protección de los
acreedores y de la masa”, apunta el proyecto.
Un concurso mercantil es
un recurso legal que inicia cuando una empresa o comerciante se declara
insolvente para hacer frente a sus deudas y entra en un esquema de
reestructuración y de liquidación ordenada.
Por ello, en él se
suscribe un convenio con los acreedores reconocidos y se procede a la venta de
los bienes o unidades productivas para realizar el pago y liquidar las deudas,
según el texto vigente de ley.
Quiebras Bancarias
El gobierno federal
reconoce la necesidad de implementar un adecuado sistema de quiebras bancarias,
por lo que en su reforma financiera está tomando en cuenta este término.
La propuesta es crear el
proceso de “liquidación judicial”, el cual permitirá maximizar la recuperación
del valor de los activos de una institución bancaria que presente problemas de
insolvencia.
También incorporarán el
concepto de “extinción de capital” para que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) revoque una licencia de banca múltiple a la institución
financiera cuyos activos sean insuficientes.
La propuesta de ley
establece los supuestos en que se puede aplicar un proceso de liquidación
judicial, entre los que se incluye que un banco incumpla con 10.5 por ciento de
índice de capitalización requerido en Basilea III.
Asimismo, la reforma
busca que los clientes puedan aportar sus deudas a las instituciones que le
ofrezcan mejores condiciones para pagarlas, sin necesidad de dar otra prenda o
letra en garantía.
Esto será posible por
medio del uso de la figura “subrogación de acreedores”, servicio solicitado
mediante una carta hecha por el banco a petición del deudor en la cual se
detalle la situación del crédito del usuario.
Esta figura obligaría a
los bancos a ofrecer a los clientes mejores condiciones de financiamiento, con
tasas de interés accesibles y cuotas mensuales más al alcance de la clase media
nacional.
La figura de
“subrogación de acreedores”, instaurada en 2002, supone que permitiría que las
personas pudieran cambiar sus créditos a bancos que les ofrecieran mejores
condiciones de pago.
“Sin embargo, la
subrogación de acreedor no ha tenido el éxito esperado, al no haberse podido
disminuir los costos de la transacción, (pero) al implementarse esta figura se
constituye una nueva garantía. En consecuencia, se generan nuevamente gastos
registrales y aranceles notariales que desinhiben el uso de la figura”.
Claves
Larga lista
- La propuesta de
reforma contiene 14 proyectos que modifican 38 leyes del sector, entre los que
se encuentran cambios al sistema financiero y judicial.
- Se incluye un proyecto
de decreto que permite el fortalecimiento de la Condusef, otro
que clarifica el actuar de los corresponsales del sector de ahorro y crédito
popular y uno más que fortalece a las uniones de crédito. Uno más habla de la
banca de desarrollo y otro que aclara el otorgamiento y la ejecución de
garantías
- También se modifica la Ley de Concursos Mercantiles y se profundiza en
el tema de los almacenes generales de depósito y Sofomes, así como de la liquidación
judicial bancaria, entre otros.
El servicio y la experiencia, hacen la diferencia.
