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15/8/17

Rafa Márquez y Julión en la red del narco…..la trama criminal de Flores Hernández



Desde hace 20 años el futbolista Rafael Márquez, capitán de la Selección Nacional, quien jugó durante años en el Barcelona, está relacionado en múltiples negocios con uno de los más importantes narcotraficantes de Jalisco, Raúl Flores Hernández. No es el único: este mismo líder del narcotráfico también impulsó la carrera y tiene numerosos negocios en común con el famosísimo cantante de norteño banda Julión Álvarez, desde hace una década.

Ellos dos, Rafa y Julión, y muchos más, en total 65 personas, forman parte de la red de lavado de dinero que a lo largo de décadas integró Flores Hernández, junto con otros personajes como los hijos de Rafael Caro Quintero, Efraín y Omar Caro Urías. En la red están involucrados representantes deportivos y artísticos, restauranteros, financieros y prestanombres. No era una red encubierta, se conocían, frecuentaban, incluso, aparecían cotidianamente en redes sociales y publicaciones.

Raúl Flores Hernández, es un narcotraficante de vieja escuela. Ya en 1983 se le iniciaron procesos en el estado de Columbia y California por tráfico de drogas. Estuvo detenido en México entre 2013 y 2015, acusado de ser operador financiero de lo que sería ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en realidad Flores Hernández, es un personaje que no se ha involucrado en el narcomenudeo ni en la lucha de pandillas y por eso ha pasado desapercibido para muchos: su negocio es colocar la droga, por toneladas, del otro lado de la frontera y ha sido socio, en distintos momentos, de El Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva y del propio CJNG, gracias a las muy añejas relaciones que tiene con las redes de distribución en Colombia que le permiten abastecer a muchos de los principales grupos del narcotráfico cuando sus propias redes se ven cerradas.

Es, en muchos sentidos, una suerte de padrino a la vieja usanza, incluso protegido siempre con una seguridad discreta. Pero sus relaciones con los grupos criminales eran públicas, tanto como sus procesos y detenciones breves en EU como por la que sufrió en 2013 en México.

Dos de sus principales operadores son Efraín y Omar Caro Urías, hijos de Caro Quintero (las redes de Flores Hernández son contemporáneas y eran parte de las de ese líder del Cártel de Guadalajara, detenido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena), junto con varios integrantes de su familia, pero también con otro personaje ligado a promociones de espectáculos y restaurantes: Mario Alberto Fernández Santana, apodado El Gordo Fernández.

Fernández fue el promotor de Valentín Elizalde, asesinado al terminar una actuación en Reynosa, Tamaulipas, en el 2006. Se cree que El Gallo de Oro fue asesinado por Los Zetas, en venganza por su relación con el Cártel de Sinaloa y, sobre todo, por la canción A mis enemigos, supuestamente, compuesta contra los rivales del cártel de El Chapo. Tiempo después de la muerte de Elizalde, su entonces pareja, Nathaly Fernández, hija de El Gordo Fernández, socio de Flores Hernández, se casó con Julión Álvarez, en Tesistlán, Jalisco. Una de las principales invitadas a la boda fue la cantante, también fallecida en un extraño accidente de aviación, Jenni Rivera.

Los cierto es que en esa red de lavado de dinero que encabeza Raúl Flores Hernández, participan, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del departamento del Tesoro de EU, que ayer congeló todos los bienes y cuentas, y toda relación económica de todo tipo con los involucrados, Rafa Márquez y Julión Álvarez.

La relación de Rafa con Flores Hernández y los hijos de Caro Quintero es de muchos años atrás, desde que comenzó la carrera del futbolista. Hay muchas empresas en las que participó con otros integrantes de la red y con familiares de Flores Hernández, como Felipe Flores Gómez, pero una muy notable es la del club de fútbol Morumbi, en 2008, cuando ya jugaba en Europa, donde Rafa Márquez se convirtió en socio de una sociedad que encabezaba el propio Felipe Flores. Ingresó como socio para reemplazar precisamente a Flores Hernández, que en esos momentos sufría una investigación por lavado de dinero, que en el 2009 derivó en el embargo de sus cuentas y la de todos los relacionados con el restaurante Camelias Bar, por parte de la Siedo, por ser considerado un centro de lavado de dinero. En el Camelias Bar, por cierto, es donde la fundación Rafa Márquez suele realizar muchos de sus eventos.

Para esas mismas fechas fue asesinado en Jalisco el exfutbolista David El Magic Mendoza, mientras iba acompañado de Omar Caro (el hijo de Caro Quintero, la camioneta que conducía El Magic era de su propiedad) y de Raúl Flores Gómez (y del futbolista Miguel Zepeda), quien entonces era el gerente del Camelias Bar. El padre de Flores Castro es Flores Hernández, quien era el presidente de otro equipo de segunda división, el Autlán de Jalisco y que intentó, en esa fecha, junto con Rafa Márquez y Zepeda, registrar al equipo Coras de Nayarit. La Federación Mexicana de Futbol les negó el registro sin explicación, pero en realidad se supone que había sido informada por la Siedo de las investigaciones contra Flores Hernández.


La verdadera sorpresa del caso de la red de lavado de dinero encabezada por Raúl Flores Hernández, en la que participan dos hijos de Rafael Caro Quintero y en la que se involucra a
Rafael Márquez y Julión Álvarez, es que Flores Hernández está detenido desde el 20 de julio pasado, de lo que se informó horas después de que se diera a conocer la existencia de esa red. El dato es central porque el principal personaje, más allá del impacto mediático de Julión o Rafa, es el propio Raúl Flores
y la pregunta es si éste, desde su detención el 20 de julio, proporcionó o no información a las autoridades de México y/o Estados Unidos, entre otras cosas, sobre dicha red. Que haya o no proporcionado información o que se hubiera o no obtenido información adicional sobre sus operaciones y socios será crucial para este caso.

Sin duda, sobre varios de los involucrados en esta historia habrá consecuencias no sólo en el ámbito económico y financiero, sino también penal. En el caso de Márquez, el capitán de la Selección mostró tener un buen equipo de abogados detrás que lo llevaron, apenas horas después de que se diera a conocer la lista, a presentarse a declarar voluntariamente a la Procuraduría General de la República  y, luego, tener una salida muy moderada y acotada en medios.

Por lo pronto, lo que hay que comprender es qué significa estar en la lista Kingpin del Departamento del Tesoro y cómo se diferencia ello de un proceso penal. Son dos mecanismos, dos caminos que pueden estar relacionados, pero son distintos. El Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC), realiza investigaciones sobre relaciones comerciales o financieras de personas o empresas con personajes designados como narcotraficantes o terroristas.
Este mecanismo surgió como parte del Plan Colombia, cuando se tenía la convicción de que numerosos empresarios, políticos, deportistas, gente del mundo del espectáculo no sólo tenía alguna relación personal o de amistad con personajes del narcotráfico, sino también una relación económica o financiera con esos grupos criminales y eran prestanombres o lavaban dinero para los cárteles. En muchas ocasiones, independientemente de que estuvieran bajo investigación, era difícil lograr que esas relaciones pudieran redundar en una condena judicial. Lo que se hizo, entonces, fue impulsar estos otros mecanismos desde el Departamento del Tesoro para poder imponer sanciones civiles por vías económicas, independientemente de que haya o no condenas penales.

Las resoluciones de la OFAC son autónomas y unilaterales. Tienen cuerpos de investigadores e instancias propias donde se toman estas decisiones, pero son diferentes y se mueven por criterios distintos a los de un juzgado penal. De todas formas, todos esos expedientes se trasladan al Departamento de Justicia, que realiza su propia investigación y decide si inicia o no una acción penal.
Lo mismo sucede con las autoridades judiciales de México, en este u otros casos.

Algunos se han preguntado qué sucede si el Departamento del Tesoro se equivoca, si los incluidos en estas listas son inocentes. Puede ser. Hay ocasiones en que personas incluidas en esa lista han aclarado su situación y han salido de ella. Son pocas. Pero en todo caso salir de la lista Kingpin no es un proceso corto ni sencillo. Los bienes y cuentas de las personas señaladas en ella quedan congelados y, posteriormente, pueden ser regresados, si de alguna forma demuestran que sus negocios son legítimos o terminan siendo expropiados por las autoridades.

El problema para quienes están involucrados en estos procesos es, además, que, en los hechos, todas sus cuentas y bienes, no sólo los que pudieran tener en Estados Unidos, terminan congelados, sino también los que tienen en el país, ya que prácticamente todas las instituciones financieras y comerciales, de una u otra forma, terminan teniendo lazos con las de la Unión Americana y, según esa ley, se prohíbe cualquier tipo de relación con las personas o empresas que son señaladas. Se trata de una suerte de muerte civil, más allá de que tenga consecuencias penales.

¿Puede ser que este tipo de sanciones tengan intencionalidad política? Puede ser, pero eso no termina de ser, profundamente, subjetivo. En todo caso, son investigaciones que se prolongan en ocasiones por años y, como ya se ha dicho, la red de Flores Hernández tiene que haber comenzado antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. En general, este tipo de instituciones estadunidenses trabajan con un amplio margen de autonomía y si bien no son ajenas a las presiones políticas, no suelen “pedir permiso o línea” para actuar en este tipo de casos.

En este caso, Raúl Flores Hernández es el verdadero protagonista de esta trama. Por eso, saber cómo estuvo su detención, cuándo y dónde se produjo, si colabora o no con las autoridades de México o de Estados Unidos, se transforma en un punto clave de toda la investigación, decisivo para el futuro de los demás involucrados.
Excelsior
Jorge Fernández Menéndez

4/7/17

Metodología de Evaluación de Riesgos

Muy estimados compañeros, a partir de mañana daremos inicio a una serie de platicas relativas a la METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS, recietemente requerida para las INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos, Uniones de Credito, Cajas de Ahorro, SOFOMES, etc.), impartida por expertos en la materia dentro del SECTOR FINANCIERO.


Sistema de Administración de Cartera GNCIS...

Muy estimados compañeros y amigos, con gusto me permito compartir con ustedes el LANZAMIENTO de nuestro SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CARTERA denominado GNCIS (Generador de Negocios de Cartera Integral y de Servicios).


26/6/17

Curso de preparacion EXAMEN de certificación Prevención de Lavado de Dinero CNBV

Muchas gracias a todos los interesados, el pasado sábado 24 CONCLUIMOS  otro grupo más de capacitación, mismo que presentara su examen de certificación el próximo dia 1o de julio, asimismo y atendiendo la confinza que nos brindan, iniciamos el próximo dia 14 de julio un nuevo grupo, es decir, constituimos el GRUPO JULIO 2017, mismo que habra de prepararse para el EXAMEN del dia 11 de Noviembre del presente año (esta fecha se modifico el dia de hoy, ya que inicialmente sería el 4 de noviembre).
¡Ultimo lugares!


10/3/17

EEUU publica lista 2017 de países de preocupación primaria en lavado de dinero



La lista se eleva de 67 a 88 países e ingresan 6 nuevos de Latam: Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua
Salen de la lista países centrales como EEUU, Alemania, Francia o Japón
Estados Unidos publicó su informe anual sobre drogas y lavado de dinero en el mundo. Como cada año esta publicación suscitó reacciones de rechazo en muchos países por este ejercicio de evaluación y listado unilateral.
Sin embargo es preciso entender bien la naturaleza del listado y del estudio pues no realiza una imputación de falta de cooperación o inacción frente al los de ningún país sino que identifica los países en los que por su importancia, ubicación y presencia de actividades delictivas y financieras son más vulnerables al lavado de dinero. En esta lista también están incluidos países centrales como el Reino unido o España. Por ello, no se explica la salida este año de EEUU y alemania
Este informe anual es el 16 sobre “International Narcotics Control Strategy Report” (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2016. El informe se compone de dos volúmenes.
I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical Control
II-Lavado de dinero y delitos financieros Volume II: Money Laundering and Financial Crimes
Este segundo volumen está dedicado a los países relevantes a efectos del control en materia de lavado de dinero y delitos financieros. También se refleja toda la actividad internacional técnica y asistencial de los entes reguladores y de cumplimiento de EEUU (FINCEN, OFAC, DEA, FDDIC y otros)
El documento se dirige al estudio sobre las medidas que han adoptado los países para mejorar su sistema contra el lavado de dinero. Tradicionalmente, el estudio establecía tres grados o categorías de países según la preocupación y atención que debe tenerse con ellos en función de la importancia que tienen en el país las transacciones financieras afectadas por el lavado de dinero:
·         Países de preocupación primaria
·         Países de preocupación
·         Otros países monitoreados
En esta edición de 2017 sólo se contiene la categoría de preocupación primaria y no se explica la desaparición de las otras dos no se dice nada
La inclusión de los países en la categorías se realiza de acuerdo a un doble criterio al considerarse a aquellos países que presentan debilidades de regulación o supervisión o de voluntad política, así como también aquellos otros países que no teniendo los problemas anteriores su relevancia o el nivel de preocupación deriva del hecho de que circulen por su sistema financiero grandes volúmenes de activos producto de delitos graves (por ejemplo Reino Unido o España están incluidos en la categoría de mayor preocupación). Así pues el criterio de clasificación es diferente al usado por el Grupo de revisión del GAFI que se centra en el nivel de cumplimiento de los estándares en los aspectos legales y de cooperación internacional.
Por ello, aclara el informe, en algunos casos la clasificación como países de mayor preocupación puede obedecer simplemente o en gran parte al tamaño de la economía del país.
Los países de preocupación primaria son 88.
En esta edición del informe ha sido aumentado el número de países desde 67 a 88 en la categoría de preocupación primaria:
Afghanistan, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, British Virgin Islands, Burma, Cabo Verde, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyz Republic, Laos, Lebanon, Liberia, Malaysia, Mexico, Morocco, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, North Korea, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Russia, Senegal, Serbia, Sint Maarten, South Africa, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, and Vietnam.
Países Latam
Este año están como nuevos incluidos Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que comparten listado con otros latinoamericanos que aparecían en años anteriores como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.
Países que salen de lista
En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.
República Dominicana
Destaca el informe que los seis aeropuertos internacionales, 16 puertos marítimos y una larga y permeable frontera con Haití representan para las autoridades dominicanas serios desafíos.
Asimismo, destaca que República Dominicana no es un importante centro financiero regional, a pesar de tener una de las economías más grandes del Caribe.
También señala que la corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de cárteles internacionales de tráfico ilícito, una gran economía informal y controles financieros débiles hacen que Dominicana sea vulnerable a las amenazas de lavado de dinero.
“Las instituciones financieras en la República Dominicana participan en transacciones monetarias que involucran productos del tráfico internacional de estupefacientes que incluyen cantidades significativas de moneda estadounidense o moneda derivada de ventas de drogas ilegales en los Estados Unidos”, añadió el informe.
Los casinos son legales, y la actividad de juegos sin supervisión representa un riesgo significativo de lavado de dinero, señaló
Cuba
El Departamento de Estado de EE.UU. pide al Gobierno cubano que adapte su sistema financiero para situarlo en línea con los mejores estándares internacionales.
"Las prácticas financieras de Cuba y las sanciones de EE.UU. impiden que el sistema bancario de la Isla pueda integrarse plenamente en el sistema financiero informe" señala el citado informe. Asimismo, se realiza una llamada a que las autoridades del país caribeño incrementen la transparencia de su sector financiero.

"Cuba debe asegurarse de que sus medidas de 'due diligence' sobre los clientes del sector y los requisitos para los informes de actividades sospechosas incluyen a las personas relacionadas con el ámbito político, a las organizaciones no empresariales y a las profesiones y negocios no financieros" se incide en la página 72 del informe.

Asimismo, también se realiza una llamada a crear leyes y procedimientos que faciliten la cooperación internacional y la mutua asistencia legal, especialmente en lo relativo a las investigaciones y persecuciones judiciales.
Adicionalmente, pese a que el informe reconoce que el control gubernamental, la baja penetración y precios del acceso a Internet, o la falta de transparencia legal y gubernamental son factores que hacen de la Isla un lugar poco atractivo para el lavado de dinero; se refiere a su situación geográfica como factor de riesgo.
Por todo ello, a lo largo del citado informe se reconoce que la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, junto al Departamento de Estado de EE.UU. ya ha participado en grupos técnicos de trabajo con oficiales del Gobierno cubano en La Habana.
Ecuador
Se califica la situación de Ecuador con la frase “es altamente vulnerable al lavado de dinero” y que “la corrupción es un problema significativo”.
Se citan, por ejemplo, los casos de supuesta corrupción en la estatal petrolera Petroecuador y de contrabando de oro desde Perú.
Para Estados Unidos,  existe evidencias suficientes de las operaciones de blanqueo en actividades comerciales.
El informe, que tiene dos capítulos, añade que si bien hay esfuerzos de las autoridades por combatir los delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes, existe una “notable debilidad institucional para la vigilancia, especialmente, en las fronteras”.
El análisis afirma que existe un creciente consumo doméstico, que se habría visto agravado por la legislación local.
El reporte indica que Ecuador es ‘vulnerable’ al crimen organizado porque su economía es dolarizada y por su ubicación geográfica, pues se encuentra entre Perú y Colombia, que son grandes productores de droga.
México
El informe critica que el Gobierno de México deja impunes los delitos por lavado de dinero en el País al procesar muy pocos casos ante las autoridades judiciales además de la persistencia de corrupción en el sistema judicial.

"Las autoridades mexicanas han tenido algún éxito en investigar y bloquear las cuentas de presuntos lavadores de dinero y otros actores ilícitos. Sin embargo, los delitos de lavado de dinero continúan siendo cometidos con relativa impunidad".

"(Esto) al tiempo que el Gobierno batalla en procesar y sentenciar a aquellos acusados de actividades financieras ilícitas así como decomisar propiedad y activos que son propiedad o controlados por los traficantes de drogas y lavadores de dinero", añade el reporte en su sección de lavado de dinero .
Sin presentar estadísticas detalladas y reconociendo que la principal fuente de dinero ilícito son las ganancias del narcotráfico que llegan desde EU, la dependencia asegura que los procesos por lavado de dinero bajaron en los años recientes y que sólo en 20 por ciento de los casos se presentan cargos.
"Los procesos de los casos de lavado de dinero han sido problemáticos, con menos del 20 por ciento de las investigaciones por lavado de dinero llevando a presentar cargos. La ausencia relativa de sentencias por casos de lavado de dinero es consistente con el problema más amplio de impunidad en México", agrega el reporte que revisa el año calendario 2016.

"La corrupción en el sistema judicial, sin embargo, todavía impide la capacidad del Gobierno mexicano para sentenciar a organizaciones e individuos involucrados en lavado de dinero ", concluye.
Nicaragua
El informe asegura que la República de Nicaragua no se considera un centro financiero regional. No obstante, su sistema financiero y la economía son vulnerables al lavado de dinero, ya que el país sigue siendo un país de tránsito de drogas ilegales con destino a los Estados Unidos así como de dinero en efectivo que regresa a América del Sur.
Reconoce que Nicaragua ha dado pasos importantes en su marco legislativo en los últimos años entre esos también la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Sin embargo, las instituciones gubernamentales débiles, informes importantes de corrupción en todos los niveles, y la falta de imperio de la ley eclipsa cualquier cambio legal o regulatorio.
Menciona que el producto del blanqueo de dinero es resultado de la venta de narcóticos ilegales, principalmente cocaína, y son mayormente controlados por la delincuencia organizada internacional.
Corrupción y vínculos con el partido gobernante
El informe agrega que los tribunales siguen siendo particularmente vulnerables a los sobornos, la manipulación y otras formas de corrupción. La existencia de múltiples negocios no públicos transparentes con vínculos con el partido gobernante que gestionan grandes transacciones en efectivo, así como la proliferación de filiales con falta de tacto aumenta en el país la vulnerabilidad del lavado de dinero.
El informe dice que existe alguna evidencia de envío de efectivos a través de redes para la entrega de las remesas del exterior, que también pueden ser indicativos de lavado de dinero.
A su vez menciona el control de la geografía y la frontera de Nicaragua limitada en regiones remotas deja vulnerable al movimiento transfronterizo de contrabando y el producto del delito.
Expertos en la materia creen que el mercado negro de productos de contrabando en Nicaragua es más grande que lo que oficialmente es reconocida. El lavado de dinero se produce también a través de mecanismos tradicionales, como las compras de terrenos, vehículos y ganado. Y sin incluir el tratado de CA-4 entre El Salvador, Guatemala, Honduras y, Nicaragua permite la libre circulación de los ciudadanos de estos países.
Panamá
En lo que respecta a Panamá, se reconoce el decomiso de 63 toneladas de narcóticos en el año 2016, pero se advierte que la corrupción sigue siendo una preocupación en todas las secciones de servicios de seguridad, aduanas y justicia. Las organizaciones de narcotraficantes han penetrado en los servicios de seguridad y las autoridades panameñas.
Panamá sigue siendo un cruce de transbordos importante para el tráfico ilícito de drogas, debido a su ubicación y la infraestructura logística.
Los carteles mexicanos y colombianos introducen la cocaína a través del Darién y a lo largo de sus costas y zonas litorales. Los narcotraficantes también explotan la infraestructura de transporte de Panamá, la Zona Libre de Colón, cuatro puertos marítimos de grandes contenedores, aeropuertos y la carretera Panamericana.
Los puertos de Panamá, tanto en el Caribe como en el Pacífico, siguen siendo susceptibles debido a la gran cantidad de contenedores que se trasladan por la región, así como a la corrupción interna en los puertos.
El informe destaca que las instituciones del sector de justicia tienen dificultades para los casos de lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos financieros complejos y siguen siendo susceptibles a la corrupción.
En lo que respecta al lavado de dinero, una de las grandes preocupaciones de EE.UU., el informe hace referencia a los casos de los Mossack Fonseca Papers, que tiene como cabeza visible al exministro consejero varelista Ramón Fonseca Mora; y a la situación del empresario Abdul Waked.
Según EE.UU., los Panamá Papers expusieron las "vulnerabilidades" en la transparencia financiera y el uso de compañías ficticias para blanquear dinero, cometer fraude fiscal y evadir las sanciones norteamericanas.
Además, resalta que esa filtración dejó al descubierto una supervisión inadecuada de los sectores no financieros, particularmente abogados y proveedores de servicios corporativos.
El informe del Departamento de Estado señala, además, que las vulnerabilidades fueron destacadas por inclusión del Grupo Waked en la Lista Clinton de lavado de dinero. Eso dejó en evidencia el uso del sector bancario por parte de Waked para el contrabando en efectivo a granel y lavarlos.
El reporte hace alarmantes señalamientos sobre el proceder de los banqueros en Panamá a la hora de entregar informes sobre movimientos sospechosos de dinero.
De acuerdo con el informe, las entidades bancarias con frecuencia entregan reportes de transacciones sospechosas que son inconsistentes, incompletos o con datos innecesarios.
Asimismo, señalan que oficiales de cumplimiento encargados de elaborar y desarrollar controles antilavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo, frecuentemente proveen análisis pobres sobre transacciones sospechosas, y que algunos incluso notifican a los clientes o ejecutivos de bancos sobre investigaciones sobre ellos.
"La protección al secreto de los clientes es con frecuencia más fuerte que la habilidad de las autoridades para penetrar el velo corporativo y conducir una investigación".
Además, señala que el sistema judicial panameño carece de suficientes recursos para perseguir efectivamente y encarcelar a los lavadores de dinero, y que está bajo el riesgo de la corrupción.
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