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4/1/16

LA REINA DEL PACÍFICO CONTRAATACA




A diez meses de haber sido exonerada, Sandra Ávila Beltrán, conocida como 'la Reina del Pacífico', remprendió su cruzada legal por recuperar sus bienes incautados, entre los que destacan cuantiosas pólizas de seguro, que le fueron requisadas, en consideración a que constituían una prueba incriminatoria en el proceso que se le siguió por lavado de dinero.

Los seguros de vida acumulan cifras millonarias y fueron pagadas por medio de cuentas bancarias, que también se inmovilizaron, debido a los cuantiosos movimientos, según reportes de instituciones como Banorte, Bancomer, HSBC, y Santander.

Ávila Beltrán inició el proceso de recuperación de éstas pólizas desde el tiempo en que estaba recluida, y al momento su juicio de garantías se encuentra en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, donde reclama la orden de aseguramiento realizada por un agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre las pólizas de seguros que reclama, destaca la contratada a Seguros Monterrey Aetna, por 100 mil dólares el 18 de octubre de 2000, otras tres por 5 mil dólares, con fechas del 19, 24, y 31 de octubre de 2000; y una más por 9 mil dólares, comprada el 31 de octubre de ese mismo año.

Así mismo requiere una póliza a Seguros Monterrey New York Life, por 100 mil dólares, con fecha del 28 de marzo de 2001, y a la entidad financiera, Monterrey Aetna, le exige la devolución de una por 50 mil dólares, adquirida el 18 de octubre de 2000.

En tanto a Seguros Monterrey New York Life le pide que le entreguen una póliza por un millón de dólares contratada el 25 de marzo de 2002.

La Secretaría de Hacienda inició la investigación

Los primeros señalamientos del caso los realizó la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que puso en conocimiento de la Procuraduría General de la República, (PGR), obre los movimientos financieros por fuertes sumas de dinero en moneda nacional y dólares americanos para la contratación de seguros de vida y operaciones bancarias.

La mujer, que asegura dedicarse al negocio de bienes raíces, tuvo como coacusado a su hijo, José Luis Fuentes Ávila, quien luchó jurídicamente durante dos años para abatir los señalamientos en su contra, formulados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

El mandamiento judicial para detener a madre e hijo, fue emitido el 15 de febrero de 2011 en la causa penal 46/2011, en la que se les señala por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis de, "al que por sí, deposite recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita".

El proceso de su hijo

En enero de 2014, José Luis Fuentes Ávila recibió del primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en Jalisco el amparo definitivo que lo eximió de los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los que era procesado por el juez séptimo de Procesos Penales Federales; se confirmó así el amparo concedido en junio de 2013 por el juzgado cuarto del distrito.

El joven Fuentes Ávila tenía depósitos bancarios en su cuenta de HSBC por 3 millones 871 mil 405 pesos y retiros por 3 millones 688 mil 935 pesos, por lo que intervino el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que informó que no estaba inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, y que había presentado declaraciones de impuestos federales.

Durante el procedimiento se comprobó que el dinero se obtuvo de la venta de una residencia en Tijuana Baja California el 15 de octubre de 2005, según la escritura del Notario Público número 7 de esa ciudad.

En lo que toca a las millonarias pólizas de seguros de vida, en las cuales es beneficiario, el juez amparista estimó que la contratación de seguros por parte de Sandra Ávila Beltrán a favor de su hijo, no implica ni revela operaciones con recursos de procedencia ilícita; puesto que cualquier persona puede contratar un seguro a favor de otra, sin necesidad de tener la aceptación del favorecido.

La Reina reclama, ahora, una residencia

Por otra parte, derivado de un conflicto competencial entre el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo Penal en el Distrito Federal y la Juez Segundo de Distrito en Sonora, se determinó que ésta última conociera del reclamo de una propiedad en la localidad de Hermosillo.

Se trata de un inmueble ubicado en predio urbano, con clave catastral 360004182020, en el lote C-10, de la manzana 3, en la zona denominada ex-aeropuerto; con una superficie de 600 metros cuadrados.

La juzgadora sonorense conocerá de la demanda por razones de territorio, en consideración a una tesis de jurisprudencia.

Ya ha ganado algunas batallas por sus propiedades

A la quejosa se le han asegurado más de 234 propiedades en Guadalajara, Jalisco, y Hermosillo Sonora, así como autos de lujo.

Tan sólo en ésta última localidad se aseguraron 227 inmuebles y una empresa; destacan las fincas ubicadas en la calle Los Arrayanes, del Fraccionamiento Residencial Los Sabinos, y en la calle Óvalo Cuauhtémoc en Cuartel Ex Aeropuerto.

¿Qué dice la ley?

El Artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, refiere que se impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y una multa de mil a cinco mil días de salario, a quien por sí o por interpósita persona incurra en cualquiera de las siguientes conductas: "adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita".

Los principales señalamientos contra Sandra Ávila Beltrán consisten en el lavado de dinero ilícito, presuntamente proveniente del narcotráfico; su detención ocurrió en septiembre del 2007, y posteriormente fue remitida a diferentes reclusorios, dos de éstos en Estados Unidos, donde la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida le dictó sentencia condenatoria de 70 meses de cárcel por narcotráfico, y le compurgaron los años de prisión en México, por lo que al cumplir la pena, fue repatriada y encerrada en el centro penitenciario de Nayarit.

La libertad de la llamada 'Reina del Pacífico' ocurrió el sábado 7 de febrero de este año; luego que el tribunal unitario con residencia en Guadalajara, revocó la sentencia de cinco años de prisión dictada el 5 de septiembre de 2014 por el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, por la la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pactos de impunidad

Entrevistado sobre las actividades vinculadas al lavado de dinero, el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, refiere que existen pactos de impunidad, "hay un pacto de impunidad en el tema de casinos, en el tema de regulación de compañías de seguros, en el tema de fideicomisos donde hay vacíos regulatorios que yo señalo, espantosos; que hacen que el día que nosotros tengamos un sistema judicial en serio, que reacciona, como el de Brasil, donde hay actos de corrupción y se comienza a investigar, te vas a dar cuenta que gran cantidad de los dineros de Sinaloa están metidos ahí y en el sector de la construcción, donde el cash fluye mucho más".

Alude a su libro 'Lavado de dinero, y corrupción política', editado por Editorial Debate, en el que expone que las pólizas de seguros son también otro mecanismo cada vez más utilizado por los criminales para lavar dinero, "las redes delincuenciales compran pólizas de seguro con efectivo de origen ilegal y luego cancelan la póliza, recibiendo así las primas invertidas con una penalidad por la cancelación prematura. Con un cheque limpio, los prestanombres acuden al sistema bancario a realizar su depósito. En México, los productos de este tipo más vulnerables al lavado son los seguros de vida con opción de incremento de suma asegurada, los seguros contra todo riesgo para residencias y apartamentos de lujo, seguros de daños para vehículos de lujo, lanchas, yates, barcos, avionetas y helicópteros, y los seguros sobre negocios legalmente constituidos", refirió.

¿Quién es la Reina del Pacífico?

Sandra Ávila Beltrán nació el 11 de octubre de 1960, en Mexicali, Baja California, es hija de María Luisa Beltrán Félix, prima de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los más poderosos narcotraficantes, fundador del Cártel de Guadalajara, donde comenzaron a trabajar personajes que se convirtieron en grandes capos, y de Alfonso Ávila Quintero, primo de Rafael Caro Quintero, calificado como 'El Narco de Narcos' en la década de los ochentas.

Según investigaciones de la PGR usaba los alias de María Luisa Beltrán Ávila, Sandra Ávila López, Sandra Luz Arroyo Ochoa, Karla Orozco Lizárraga, Andrea Medina Reyes y el de María Ávila Beltrán.

Uno de sus primeros novios formales, fue Fidel Morán Guevara, también comandante de la Policía Judicial Federal; era supervisor de un grupo de agentes antinarcóticos.

Su primer marido, en 1986, fue José Luis Fuentes, comandante de la Policía Judicial Federal, quien fue ejecutado en Navolato, Sinaloa en un ajuste de cuentas, el mismo año de su matrimonio; él es padre de su único hijo, Silvestre Luis Fuentes Ávila.

Posteriormente se casó con otro comandante federal: Rodolfo López Amavizca, que también operaba para una organización criminal y que también fue ejecutado por narcotraficantes rivales en un cuarto de hotel, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Posteriormente entabló relaciones con Juan Diego Espinoza Ramírez, alias “El Tigre”, enlace con el Cártel del Norte del Valle de Colombia, con el que formó pareja por tercera vez y con ello entró de lleno al primer nivel mundo de las drogas; de ahí su apodo de 'La Reina del Pacífico'.

FUENTE: NOTICIAS MVS
Martín Patiño / Corresponsal


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30/12/15

Narcos de México intentaron comprar un banco estadunidense




MÉXICO, DF (Proceso).- En su deseo de blanquear grandes cantidades de dinero, lavadores que trabajaban para narcotraficantes mexicanos, presumiblemente del Cártel de Sinaloa, intentaron adquirir un banco en California.

Este plan fue revelado en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La denuncia, consultada por Proceso, está consignada en tres querellas –vinculadas entre sí– contra 16 personas.

El expediente CR-15-00662, de 109 páginas de extensión y presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores se aproximaron al entonces director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos y viceversa.

En la averiguación, iniciada el martes 1 y revelada por el tribunal el jueves 10, se acusa al exdirector de dicho banco Tu Chau Li (alias William Lu, Bill Lu y Tío Bill), Tsung Wen Hung Peter; Edward Kim Eddie; John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos como conspiración para violar la ley Rico, conspiración para lavar instrumentos monetarios, lavado de dichos instrumentos, complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.

Entre 2011 y 2015, Lu, Hernández y Herrera convinieron en lavar dinero desde y hacia México.

En el verano de 2011 Lu le propuso a un informante encubierto –identificado en el pliego como “CS1”– asociarse con gestores mexicanos, quienes lavaban mensualmente 30 millones de dólares en bancos de EU, incluyendo dos millones en el SNB.

Supuestamente Lu discutió el esquema con Kim y Edmundson y le preguntó a CS1 si aceptaba fondos de México, lavarlos y transferirlos a Hong Kong o de regreso a México.

Ya desde el otoño de 2010 y hasta la primavera del año siguiente, Lu, Hung y Kim aconsejaron que los socios de CS1 adquiriesen una porción del SNB para facilitar el lavado. Por ello, Lu y Hung le explicaron al informante cómo obtener esos valores sin el aval regulatorio de las autoridades y le sugirieron firmar un acuerdo de consultoría con esa entidad bancaria, a cambio de una cuota.

El 19 de julio de 2011, Lu llamó a CS1 para decirle que había “mucho dinero” llegando de México y le preguntó si podía facilitar el movimiento financiero desde el país hacia la cuenta de Edmundson en Hong Kong.

El 11 de agosto y en el restaurante Red del hotel Pacific Palms, Lu le pidió al infiltrado que recibiera efectivo de gente de México para transferirlo a ese país y a Hong Kong. Aseveró que la cantidad a lavar sería “enorme”, pues había revisado un estado de cuenta del banco Wells Fargo que mostraba transacciones mensuales de 30 millones.

El acusado le avisó a CS1 que prefería no negociar con la gente mexicana y que lo hiciesen CS1, Kim y Edmundson.

Esa vez, Lu le adelantó que le presentaría a Herrera, un abogado, y a Hernández, su amigo e intermediario, para discutir una operación. El acusado le explicó que eran dos negocios relacionados con Hernández y que, si el primero era exitoso, procederían a efectuar el restante.

Lu también le contó que la gente de México tenía problemas para depositar dinero, pues altos directivos del Saigon National Bank le habían instruido congelar su cuenta, por lo cual no podían depositar diariamente 1 millón de dólares.

Finalmente, en agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y CS1 para proponerles mover dinero de clientes mexicanos, con el fin de que este último los “lavase” mediante la entrega de una cuota.

Hernández le dijo al informante encubierto que sus clientes necesitaban movilizar diariamente entre 3 millones y 5 millones de dólares, que había depositado efectivo en el Saigon National Bank y que necesitaba otro banco.

Herrera le ofreció a CS1 lavar 1 millón diario en Estados Unidos.

En noviembre de 2011, Hernández le planteó a CS1 un esquema de intercambio de efectivo por cheques para lavar recursos.

El 22 de agosto, los cuatro se juntaron en el restaurante Seafood World, en Westminster, donde Hernández le dijo a CS1 que los clientes de Herrera estaban dispuestos a depositar entre 3 millones y 10 millones de dólares diarios, a cambio de que éste los transfiriese a México mediante el cobro de una comisión.

Ante los temores de depositar cantidades cuantiosas en bancos estadunidenses, Hernández les confirmó que poseía la corporación Credes, en Chula Vista, y que podían usarla para las operaciones.

El 4 de octubre de 2011, Kim le advirtió a CS1 en un café Starbucks en la ciudad de Alhambra –cerca de Los Ángeles– que “el grupo mexicano” estaba en una lista de vigilancia de Estados Unidos por meter 35 millones de dólares mensuales en “fondos sucios”.

El 6 de octubre, el acusado le dijo a CS1 que Hernández había lavado 2 millones de dólares vía SNB y que estaba preocupado por una próxima auditoría gubernamental al banco.

Ante esas dudas, Hernández le dijo el 28 de octubre a CS1, en el café Corner Bakery en Santa Ana, que la gente mexicana sólo efectuaría transferencias electrónicas o cheques, en vez de efectivo.

El 4 de octubre de 2011, Kim le dijo a CS1 y a un agente clandestino llamado “UC2” que el grupo de México había intentado comprar el SNB.
Dos días después, Lu le dijo al agente encubierto que un socio de Hernández había adquirido 1 millón de dólares en acciones de esa institución financiera.

El 28 de octubre, el mismo Hernández le confirmó esa versión al infiltrado en el café Corner Bakery y le comentó que la banda estaba esperando para comprar el banco.

El 23 de agosto de 2012, Lu, Hernández y Herrera se reunieron con CS1 en el restaurante Renato’s en Westminster y Hernández ratificó que luego de que el Saigon National Bank les cancelara una cuenta que utilizaban para limpiar fondos, sus compinches habían tratado de comprarlo.

En ese encuentro, Herrera le preguntó a Lu cuánto quería por la mayoría de títulos del banco y comentó que conocía gente en Estados Unidos que poseía 5 millones de dólares en efectivo, sobre lo cual Hernández le preguntó a Lu si Herrera podía emplear esos recursos para convertirse en accionista del banco. Herrera afirmó que estaba interesado en comprar parte del ente para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.

El 12 de enero de 2012, Hernández le dijo vía telefónica al CS1 que “su gente” tenía listos 300 mil dólares en efectivo para movilizar desde Guadalajara y le preguntó si podía manejar la operación.
El día 20, Lu le dijo al informante en el restaurante California Fish Grill que Hernández tenía varios clientes en México especializados en “envíos al extranjero”, una referencia al lavado de dinero, y que Herrera los conocía.

El 28 de marzo, Hernández indicó en el café Corner Bakery que el monto a transferir mensualmente no rebasaría los 3 millones de dólares.

Luego de acordar los términos de la operación a finales de marzo, Hernández le avisó telefónicamente el 24 de abril a CS1 que sus clientes tenían un problema y que habían pospuesto el movimiento.

Pero el 30 de mayo, el aún prófugo le indicó que otro grupo quería mandar 600 mil dólares desde Ciudad de México para trasladarlos a Hong Kong y que moverían esa cifra cada tres semanas.

El 10 de junio, Hernández llamó a CS1 para contarle que “sus amigos” estaban esperando para empezar con “600” desde Guadalajara a Hong Kong.

El 23 de agosto, Lu, Hernández y Herrera se reunieron con el informante en el restaurante Renato’s para preguntarle si podía recibir 500 mil dólares diarios y trasladarlos el mismo día a Tijuana. A su vez, Herrera les contó que se trataba de una suma mensual de 10 millones.

El prófugo les relató que ya lavaba dinero mediante sus cuentas bancarias personales, pero que Chase Bank y Wells Fargo se las cerraban.

Hernández les contó que ya habían tratado de lavar dinero por SNB, pero que éste les había cancelado la cuenta.

En marzo de 2012, Hernández se reunió con CS1 para proponerle transacciones en las cuales este último recibiría 3 millones de dólares mensuales para transferirlos de vuelta a México, por una comisión a repartir entre ambos y Herrera.

En febrero de 2014, Hernández le ofreció desplazar dinero originado en Canadá y enviarlo a México.

En septiembre de 2014, el mismo implicado propuso lavar 30 millones de dólares de gente de Joaquín El Chapo Guzmán, a cambio de una comisión.

Del expediente se deduce que las operaciones citadas nunca se materializaron. Además, no aclara el rol de las autoridades mexicanas y si hubo intentos por frenar el flujo de efectivo desde el sur del río Bravo.
Las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares pasaron a través de Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.

“Sus objetivos eran enriquecer a sus miembros y asociados mediante el lavado de dinero y otras actividades criminales con operaciones financieras, estrechar la relación entre miembros y asociados de modo que el lavado se repitiera y aumentara con el tiempo, expandir el alcance de la operación a nuevos integrantes, extender la diversidad de rutas a través para mover, ocultar y lavar dinero”, cita la acusación.


FUENTE: PROCESO


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