La fabricante de bebidas azucaradas Coca-Cola y otras 50 empresas
colombianas han sido acusadas de financiar al terrorismo por los tribunales
colombianos. Coca-Cola está acusada de contratar asesinos del grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para asesinar a 9 líderes sindicales en
sus plantas embotelladoras entre 1990 y 2002.
Uno de los líderes sindicales asesinados era Isidro Segundo Gil,
dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones
con la planta de Coca-Cola en Carepa (Antioquia). La mañana del 5 de diciembre
de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de la
embotelladora para matarlo.
Una hora después del asesinato de Gil, los paramilitares secuestraron a
otro dirigente sindical en su casa, quien logró escapar y huir a Bogotá para
proteger su vida. Por la tarde regresaron al sindicato, destruyeron el equipo
de allí y quemaron la casa, destruyendo todos los registros de la cooperativa.
Sinaltrainal agrupa a los trabajadores de la industria alimentaria,
especialmente de las multinacionales Coca Cola y Nestlé.
Al día siguiente, los paramilitares volvieron a la planta embotelladora,
juntó a los trabajadores y les dio un plazo hasta las 16:00 para renunciar al
sindicato. Los trabajadores experimentados que dejaron la planta ganaban entre
$ 380 y $ 400 pesos colombianos al mes. Los que llegaron de reemplazo fueron
contratados por el salario mínimo de la época: $ 130 al mes.
Durante los dos meses siguientes los paramilitares acamparon a las
afueras de la puerta de la planta. Coca-Cola nunca se quejó a las autoridades
ni por el asesinato de sus trabajadores ni por la presencia de paramilitares.
Edgar Paz, sindicalista de Sinaltrainal, sostuvo que “la empresa nunca
negoció con el sindicato después de eso. Veintisiete trabajadores en 12
departamentos salieron de la planta y la zona. Todos los trabajadores tuvieron
que abandonar el sindicato para salvar su propia vida, y la unión fue
completamente destruida”.
La hostilidad de la trasnacional de bebidas se inició en mayo de 1992,
cuando el Gerente de Coca Cola José Gabriel Castro acusó públicamente a los
trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla.
Dos años después fue asesinado José Manco David y en 1995 Luis Gómez
Granados, ambos en la planta de Carepa. Con ellos se inició la trágica secuela
de sindicalistas muertos por encargo.
BÚSQUEDA DE JUSTICIA
En Colombia, los trabajadores buscaron justicia desde fines de 1996
hasta ahora e incluso algunos terminaron tras las rejas, mientras que los
asesinos quedaron libres.
Ante la impunidad decidieron abrir un pleito en 2001 contra Coca Cola en
Miami, sede de la trasnacional. Fueron apoyados por sindicatos norteamericanos
como United Steelworkers of America y el Fondo Internacional de Derechos
Laborales (ILRF). También fueron demandadas Panamerican Beverages (la mayor
embotelladora de bebidas gaseosas en América Latina) y Bebidas y Alimentos
(propiedad de Richard Kirby de Key Biscayne, Florida), que opera la planta de
Carepa.
La demanda la acompañaron de una campaña mundial de boicot a la Coca
Cola iniciado en 2003, acusando que la fabricante de bebidas azucaradas en
Colombia “utilizan grupos paramilitares ilegales para intimidar, amenazar y
matar a sus trabajadores”.
Pese a la visibilidad internacional de la problemática, los
sindicalistas acusaron que la intimidación continuaba. Asó ocurrió cuando en
mayo de 2003 una llamada anónima a la sede del sindicato en Colombia advirtió
que las oficinas deberían ser objeto de un ataque con bomba. En marzo de ese
año, como revela The Guardian, un trabajador en la ciudad de Bucaramanga
recibió una notificación por parte de grupos paramilitares de que había sido
declarado objetivo militar.
COCA COLA DICE QUE NO TIENE
QUE VER
Coca Cola comenzó a dar respuestas a las quejas por los asesinatos de
dirigentes sindicales en sus plantas cuando se dio visibilidad mundial. La
empresa dice que declinó toda responsabilidad por la violencia y la coacción y
que tienen un código de conducta que requiere el respeto de los derechos
humanos.
También sostienen que las plantas embotelladoras de Colombia “son
completamente independientes de la Compañía Coca-Cola”.
En la empresa local dijeron que “no tenían manera de detener a los
paramilitares de hacer lo que quisieran – después de todo, ellos tenían armas
(…) Nadie le dice a los paramilitares qué hacer”.
Los sindicalistas, por su parte, acusaron en la demandas presentada en
Miami que el gerente de la planta en Carepa, Ariosto Milán Mosquera, “le había
dado una orden a los paramilitares para llevar a cabo la tarea de destruir la
unión”. Además sostienen que Milán tenía un historial de fiesta con los
paramilitares.
Coca-Cola solicitó un grupo de expertos de las Naciones Unidas a través
de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), para llevar a cabo una
investigación independiente sobre lo que pasó en Colombia.
El delegado de EE.UU. ante la OIT, Ed Potter, era en la época director
de relaciones internacionales de la Coca-Cola.
ASESINATO DE SINDICALISTAS
El asesinato de sindicalistas o dirigentes sociales en Colombia aún
sigue siendo una práctica utilizada por las grandes empresas. Un informe de la
Escuela Nacional Sindical (ENS) difundido por El Espectador, denunció que entre
abril de 2011 y marzo de 2015 hubo 105 asesinatos de dirigentes sindicales o
personas cercanas a ellos. Además el informe acusa que en el mismo periodo
suman 1,933 violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal, entre
las que contabilizan ataques y amenazas.
Las cifras han bajado respecto de años anteriores. Según SOA Watch, en
2000 los asesinatos se cobraron la vida de 153 de los líderes sindicales de la
nación. Ese año, tres de cada cinco sindicalistas asesinados en el mundo eran
colombianos. En 2001, la cifra había llegado a 143 a finales de noviembre.
Hasta el año 2002, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la
mayor federación sindical de Colombia, contabilizaba 3,800 sindicalistas
asesinados en el país desde 1986.
Fuentes: Antilavado.com
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